Gobierno de Pedro Sánchez · Año 2020 (del 13 de enero al 31 de diciembre)
Justicia
Tribunales, procesos judiciales, leyes civiles y penales y acceso a la justicia.
12 medidas · 133 documentos · Gobierno formado por Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos
En resumen
En 2020, la justicia estuvo marcada por la pandemia de COVID-19: se suspendieron y luego se reanudaron los plazos procesales, se aprobó un plan por fases para volver a la actividad y se reforzaron los juzgados. También se aprobaron normas que afectan a los procesos judiciales, como el plazo máximo de investigación, la tramitación telemática y el texto único de la Ley Concursal. Además, se mantuvieron servicios esenciales para víctimas de violencia de género y se regularon aspectos como los indultos, la nacionalidad y la protección de datos de pasajeros.
Panorama redactado automáticamente a partir de los resúmenes de las normas. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
En cifras · Año 2020 (del 13 de enero al 31 de diciembre)
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Principales medidas
desde el 23 de mayo de 2020
Prorroga el estado de alarma por COVID-19
1 documentoBOE-A-2020-5243Se amplía quince días más el estado de alarma declarado por el COVID-19, con medidas de confinamiento y restricciones de movimiento. Se regula cómo se levantan las medidas por fases y cómo se coordinan con las comunidades autónomas.
desde el 29 de abril de 2020
Vuelta a la actividad de juzgados y tribunales
1 documentoBOE-A-2020-4705Se reanudan los plazos procesales que estaban suspendidos por el estado de alarma. Los juzgados y tribunales vuelven a trabajar con nuevas reglas de cómputo de plazos y tramitación preferente de ciertos procedimientos, y se prevé un aumento de litigios por la crisis sanitaria.
desde el 7 de mayo de 2020
Texto único de la Ley Concursal
1 documentoBOE-A-2020-4859Se aprueba un texto refundido que reúne en una sola norma las reglas sobre insolvencia de empresas y personas. Regula el concurso de acreedores, sus órganos, efectos, convenio y liquidación, y las negociaciones previas con acreedores.
desde el 28 de julio de 2020
Plazos máximos para la investigación judicial
1 documentoBOE-A-2020-8633La Ley 2/2020 cambia la Ley de Enjuiciamiento Criminal y fija un plazo máximo de doce meses para la investigación judicial desde el inicio de la causa. El juez puede prorrogar ese plazo por periodos de hasta seis meses con una resolución motivada, y las diligencias hechas fuera de plazo o sin prórroga válida no serán válidas.
desde el 19 de septiembre de 2020
Medidas procesales para la justicia tras el COVID-19
1 documentoBOE-A-2020-10923La Ley 3/2020 regula cómo se tramitan los procedimientos judiciales y concursales después del estado de alarma por el COVID-19. Permite celebrar actos procesales por vía telemática y afecta a juzgados, tribunales, profesionales de la justicia y a personas y empresas con procedimientos abiertos.
desde el 1 de abril de 2020
Servicios esenciales para víctimas de violencia de género
1 documentoBOE-A-2020-4209Se declaran servicios esenciales la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma. Se mantiene el acceso a información, asesoramiento, acogida y seguimiento telemático de medidas cautelares, y las comunidades autónomas pueden usar fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
desde el 13 de mayo de 2020
Visitas y salidas en centros penitenciarios
1 documentoBOE-A-2020-4960Se reanudan de forma paulatina las comunicaciones ordinarias de los internos, los permisos de salida, los traslados y las actividades educativas, deportivas y culturales. Estas actividades pueden volver a suspenderse si la situación sanitaria lo aconseja, y las salidas y traslados dependen de las autoridades sanitarias y judiciales.
desde el 17 de diciembre de 2020
Prohibición de la esterilización forzada de personas con discapacidad
1 documentoBOE-A-2020-16345Se modifica el Código Penal para eliminar la posibilidad de que un juez autorice la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Los procedimientos que ya estaban abiertos se rigen por una nueva disposición transitoria.
desde el 17 de septiembre de 2020
Datos de pasajeros para investigar terrorismo
1 documentoBOE-A-2020-10776La Ley Orgánica 1/2020 regula el uso de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros y obliga a las aerolíneas a transmitir esos datos, con reglas de protección de datos y sanciones por incumplimiento.
desde el 9 de mayo de 2020
Plan por fases para volver a la Administración de Justicia
3 documentosBOE-A-2020-4897BOE-A-2020-5241BOE-A-2020-5764Se aprueba un plan de desescalada por fases para el personal de la Administración de Justicia. La Fase 1 empieza el 12 de mayo, la Fase 2 el 26 de mayo y la Fase 3 el 9 de junio; en la última fase se llega al 100% del personal y del servicio, con medidas de seguridad y teletrabajo.
desde el 28 de octubre de 2020
Refuerzo de juzgados frente a la COVID-19
2 documentosBOE-A-2020-13062BOE-A-2020-15393Se crean 33 unidades judiciales para atender la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia. También se crea una unidad administrativa de apoyo para los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo.
desde el 13 de febrero de 2020
Indultos y conmutaciones de penas
23 documentosBOE-A-2020-2135BOE-A-2020-2136BOE-A-2020-2137BOE-A-2020-2138BOE-A-2020-2139BOE-A-2020-2433BOE-A-2020-2434BOE-A-2020-2435BOE-A-2020-2436BOE-A-2020-2437BOE-A-2020-13057BOE-A-2020-13058BOE-A-2020-13059BOE-A-2020-13060BOE-A-2020-13061BOE-A-2020-15912BOE-A-2020-15913BOE-A-2020-15914BOE-A-2020-15915BOE-A-2020-16316BOE-A-2020-16317BOE-A-2020-16318BOE-A-2020-16319Se conceden varios indultos y conmutaciones de penas a personas condenadas por distintos delitos. En algunos casos se cambia la prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, con condiciones de no volver a delinquir en plazos de uno a tres años.
Panorama generado automáticamente a partir de los resúmenes de las normas y medidas generales publicadas en el BOE. La atribución es por órgano emisor, no por voto parlamentario; no incluye actos individuales (nombramientos, subvenciones a una entidad…).