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Amplía varias fechas y plazos de tramitación del programa de apoyo al sector vitivinícola español para 2020, dentro del estado de alarma por el COVID-19. Afecta a la reestructuración y reconversión de viñedos y a las ayudas a inversiones.

Declara servicio esencial el alojamiento turístico para dar cobijo y comida a trabajadores que realizan labores esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19. También permite alojar en casos excepcionales y que otros alojamientos presten el servicio.

Establece la prohibición de vuelos directos desde Italia a España y fija excepciones, como vuelos de carga, humanitarios o médicos. Permite, con autorización del Ministerio de Sanidad, vuelos que traigan solo a ciudadanos españoles o residentes en España, que deben entrar por aeropuertos designados.

Permite que sigan siendo válidas las autorizaciones de transportistas de animales, vehículos y contenedores, y los certificados de formación de conductores o cuidadores, aunque hayan caducado desde el 1 de marzo. También suprime los tiempos de descanso de los animales en los viajes durante el estado de alarma.

Modifica el acuerdo que prohibía los vuelos directos entre Italia y España por el COVID-19. Añade una excepción: el Ministerio de Sanidad puede autorizar vuelos que lleven solo a ciudadanos españoles o residentes en España, que solo podrán aterrizar en cinco aeropuertos designados.

Fija reducciones mínimas en la oferta de transporte de viajeros durante el estado de alarma por COVID-19: al menos un 70% en trenes de media distancia, autobuses, aviones y barcos, y entre un 20% y un 50% en cercanías. También permite abrir oficinas de alquiler de coches sin conductor.

Declara servicios esenciales el abastecimiento de agua de consumo humano y el saneamiento de aguas residuales urbanas durante el estado de alarma por el COVID-19. Incluye como operadores de servicios esenciales a laboratorios de ensayo, fabricantes y comercializadores de reactivos y suministradores de bienes y equipos del sector.

Establece medidas organizativas y de información para los centros de servicios sociales residenciales (personas mayores, personas con discapacidad y similares), públicos o privados, durante la crisis del COVID-19. Los centros deben mantener su actividad y facilitar información sobre el centro, el personal y los residentes. Las comunidades autónomas pueden intervenir los centros.

Establece obligaciones para fabricantes y titulares de autorización de comercialización de una lista de medicamentos esenciales frente al COVID-19. Deben informar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y garantizar el abastecimiento a los centros sanitarios.

Desarrolla el Real Decreto del estado de alarma por el COVID-19 en materia de tráfico. Permite cerrar o restringir carreteras por salud pública o seguridad y suspende temporalmente las restricciones de circulación para el transporte de mercancías. También suspende campañas de control y amplía plazos de permisos y trámites de vehículos.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.

Modifica una orden anterior sobre transporte por carretera durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite que dos personas vayan en la cabina de los camiones cuando el tipo de transporte lo requiera y amplía la norma al transporte privado complementario.

Establece medidas organizativas en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis del COVID-19. Clasifica a los residentes según síntomas y contacto, regula el aislamiento, la asignación del personal y la limpieza de las zonas de riesgo.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, esta orden suprime temporalmente la obligación de estampillar el sello de visado en las recetas de ciertos medicamentos para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. También permite a estas mutualidades adoptar medidas para que sus afiliados reciban medicamentos de hospitales privados concertados.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.

Amplía hasta el 15 de mayo de 2020, incluido, el plazo para presentar la solicitud única de las ayudas de la PAC del año 2020. El plazo habitual terminaba el 30 de abril. La medida se debe a las restricciones de movimiento del estado de alarma por el COVID-19.

Amplía la validez de títulos, tarjetas profesionales y certificados de formación marítima y de organismos internacionales que caduquen durante el estado de alarma por el COVID-19. También suspende las actividades inspectoras de la administración marítima y regula los despachos y enroles de buques.

Permite que en los transportes públicos de mercancías por carretera vayan dos personas en la cabina cuando el tipo de transporte lo requiera. También autoriza la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y de comercios de venta de piezas a talleres, sin atención al público general.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, Red Eléctrica de España no activará el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos. Este servicio permite pedir a grandes consumidores industriales que reduzcan su consumo eléctrico. La orden busca mantener el suministro eléctrico a esas industrias.