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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

Regula cómo se devuelven al Tesoro Público los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando no se gasta el dinero o no se cumplen los objetivos previstos. Fija las causas, quién tramita el reintegro, las garantías y cómo se cobran las deudas.

Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

Modifica la Orden ETD/389/2022, que regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado y del resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público. Amplía el ámbito de aplicación, añade un nuevo supuesto de cuenta restringida de ingresos y establece la obligación de comunicar cuentas al Tesoro Público.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Crea la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas, llamada Cooper@, y regula cómo se configura y funciona. La plataforma sirve para facilitar las relaciones electrónicas de los órganos de cooperación entre administraciones, como las Conferencias Sectoriales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

La Junta Electoral Central fija cómo deben comunicarse las encuestas sobre intención de voto que hagan organismos públicos durante periodos electorales. Deben avisar a la Junta antes de empezar el trabajo de campo y poner los resultados a disposición de los partidos que se presentan.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula un inciso del Real Decreto 855/2021 que modificaba el Estatuto de SEPES. El inciso anulado atribuía a SEPES la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y la reforma de espacios públicos e inmuebles públicos.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.