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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La duda es si esa disposición vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 23.2 y 103.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regulan procesos de estabilización de empleo temporal en las administraciones públicas. La inadmisión se debe a que el órgano judicial no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del caso por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos reservados a funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos reservados a funcionarios con habilitación. Se cuestiona si esos apartados vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Foral 19/2022 de Navarra, que regula procesos de estabilización de empleo público temporal. La plantea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 128, apartado siete, y la disposición transitoria décima del Real Decreto-ley 6/2023. El tribunal plantea si esas normas vulneran el artículo 86.1 de la Constitución, que regula los decretos-leyes. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra dos partes del Decreto-ley 5/2023 del Gobierno de las Illes Balears, sobre medidas urgentes en educación y sanidad. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2021, que regula medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. La sentencia concluye que la norma respeta los límites de la Constitución para los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados contra varios preceptos de la LOMLOE, que modifica la ley de educación. La sentencia analiza la constitucionalidad de la regulación sobre enseñanza de la religión, uso de lenguas cooficiales, escolarización del alumnado con necesidades especiales y tramitación parlamentaria de la ley.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de una ley canaria de empleo público. Declara nulo el precepto autonómico que fija la adscripción temporal al primer destino de los funcionarios de carrera de nuevo ingreso, por invadir competencias estatales sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo primero de la Ley 18/2019, de ordenación del empleo público en Canarias. La duda es si esa norma invade competencias del Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución.