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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Modifica la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco para regular la exigencia del conocimiento de euskera y castellano en el acceso al empleo público en Euskadi. Determina las plazas en las que es obligatorio conocer ambas lenguas y cómo se valora el euskera en las demás.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Establece el marco básico de la inspección educativa: sus funciones, atribuciones y organización, el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, su formación, desarrollo profesional y evaluación. Sustituye en parte la regulación anterior de 1995.

Establece un régimen único de pruebas físicas para el ingreso, la formación y el egreso en los Centros Docentes Militares de Formación, y para la evaluación física periódica del personal de las Fuerzas Armadas. Fija las pruebas, las capacidades que se evalúan, las tablas y puntuaciones, y los órganos encargados de aplicarlas.

Modifica las bases de las becas para preparar las pruebas de acceso, por promoción interna, a los Cuerpos Especiales del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Permite que cada organismo gestione sus becas de forma independiente y aclara la relación entre las becas y las ofertas de empleo público.

El Consejo General del Poder Judicial aprueba un nuevo reglamento que sustituye al de 2010 y regula cómo se cubren las plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales. Fija los méritos que se valoran, el procedimiento de convocatoria y solicitud, y la propuesta de nombramiento ante el Pleno.

Revisa las cuantías del anexo del Reglamento 1/2008 sobre indemnizaciones por participar en tribunales de oposiciones y otros procesos de selección de la Carrera Judicial. Fija nuevos importes por asistencia para presidencia y secretaría, vocalías y personal colaborador.

Establece las bases reguladoras para conceder becas a empleados públicos que preparen las pruebas de acceso, por promoción interna, a los cuerpos y escalas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fija los requisitos, el procedimiento de concesión, los criterios de valoración y las cuantías de las ayudas.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 656/2024 y anula las plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias: 73 de acceso libre y 45 de promoción interna. La sentencia se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el artículo 87 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid sobre el personal funcionario interino. Permite ampliar hasta doce meses más, en casos excepcionales y con requisitos, los nombramientos para programas temporales que superen los tres años iniciales, como los de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La duda es si esa disposición vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 23.2 y 103.