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El Tribunal Supremo estima el recurso de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y anula los artículos 4.1 b) y 9.2 del Real Decreto 1024/2022, que regulaba subvenciones directas a asociaciones de autónomos y empresarios para difundir el Kit Digital entre autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos. Impone las costas a la parte demandada y ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Lucena del Puerto contra el Real Decreto que concedía subvenciones directas a los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para erradicar asentamientos irregulares de temporeros. Anula ese real decreto y ordena iniciar un proceso de concurrencia competitiva para conceder las ayudas.

El Tribunal Supremo corrige el fallo de una sentencia anterior y fija doctrina: en las familias monoparentales no se reconoce una prestación por nacimiento y cuidado de hijo distinta de la ya reconocida, ni otra equivalente a la del otro progenitor.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el Real Decreto que regula el Bono Cultural Joven. Anula la expresión «y taurinos» del artículo 8.2 de esa norma. Impone las costas a la Administración y ordena publicar la sentencia en el BOE.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 689/2021, que crea el título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y actualiza el de Psiquiatría. Anula dos incisos de la disposición transitoria primera, letra b), sobre la acreditación del trayecto formativo y el trayecto A. Desestima el resto del recurso y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto que regula el bono social. Anula los artículos 12 a 17 y declara inaplicable el régimen de financiación del bono social, y reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de FEDECA y anula los apartados segundo y tercero del artículo 1 del Real Decreto 311/2021 y los Reales Decretos 318/2021 y 321/2021. Impone las costas al Abogado del Estado.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos comercializadoras eléctricas contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable y el bono social. Anula los artículos 12 a 17 del real decreto y declara inaplicables ciertos preceptos sobre la financiación del bono social.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017 que lo desarrolla. La sentencia se dicta en los términos del fundamento de derecho séptimo y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Clidom Energy, SL contra el Real Decreto 897/2017, que regula el consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica. Declara la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social previsto en el artículo 45.4 de la Ley del Sector Eléctrico y anula los artículos 13 a 16 del real decreto.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Naturgy contra el Real Decreto que regula el bono social eléctrico. Declara que no se aplique el régimen de financiación del bono social previsto en la Ley del Sector Eléctrico y reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por lo que pagó por ese concepto.