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Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración y del INE y confirma la suspensión cautelar. Mientras dure el proceso electoral, la Oficina del Censo Electoral no puede inscribir en el CERA a ciertas personas que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística. El auto confirma la suspensión de inscribir en el censo electoral de residentes ausentes a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la CNMC contra el Real Decreto 1010/2023, que modificó las normas de las escuelas particulares de conductores y el Reglamento General de Conductores. Anula un párrafo del artículo 48 ter del Reglamento de escuelas particulares de conductores, sobre la extinción de la validez de una autorización al terminar la formación en un centro de formación profesional.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos y apartados del decreto relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y desestima el resto del recurso.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad de Aragón y anula el Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado y modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La norma queda sin efecto por no ser conforme a Derecho.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura contra el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. Anula la referencia a las superficies de riego de las zonas regables del artículo 13.13.ºd) y la reseña del anexo y anejo 3. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una persona contra el Real Decreto 1010/2023, que modificó la normativa de las escuelas particulares de conductores y el Reglamento General de Conductores. Anula varios incisos de ese real decreto que permitían que entidades acreditadas por las administraciones realizaran determinadas actividades junto a las escuelas. El resto de las pretensiones se desestima.

El Consejo General del Poder Judicial aprueba un nuevo reglamento que sustituye al de 2010 y regula cómo se cubren las plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales. Fija los méritos que se valoran, el procedimiento de convocatoria y solicitud, y la propuesta de nombramiento ante el Pleno.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos empresas contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias cuencas. Anula las dotaciones de riego para almendro, pistacho y nogal en las cuencas del Tajo y del Guadiana, y la limitación del 30 % para superar esas dotaciones con un estudio agronómico.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una empresa contra el Real Decreto 159/2023, sobre controles oficiales de bienestar animal. Anula el número cuatro de la disposición final cuarta de esa norma y ordena publicar el fallo en el BOE.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.