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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Permite que los policías locales en prácticas porten armas de fuego y que sus cursos y prácticas previas cuenten en cualquier proceso selectivo o de promoción interna, sin límite de cinco años. Aclara quién paga a los funcionarios en prácticas y amplía el número de aspirantes que pueden hacer el curso básico.

Aprueba el acuerdo por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los medios materiales y el personal que gestionan la protección por desempleo. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el acuerdo de la Comisión Mixta.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

Modifica las bases de las becas para preparar las pruebas de acceso, por promoción interna, a los Cuerpos Especiales del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Permite que cada organismo gestione sus becas de forma independiente y aclara la relación entre las becas y las ofertas de empleo público.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal la subida del 2,5 % de 2025. El aumento tiene efectos desde el 1 de enero de 2025 y se abona en la nómina de diciembre, con los atrasos del año. Indica cómo se solicitan los atrasos según la situación de cada empleado.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

Aprueba un nuevo Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Regula el personal funcionario, eventual y laboral al servicio del Congreso y del Senado: ingreso, cese, situaciones administrativas, derechos, permisos, retribuciones, provisión de puestos, incompatibilidades y régimen disciplinario.

Modifica el artículo 87 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid sobre el personal funcionario interino. Permite ampliar hasta doce meses más, en casos excepcionales y con requisitos, los nombramientos para programas temporales que superen los tres años iniciales, como los de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Establece el procedimiento para que el personal civil de la Red sanitaria militar (hospitales y otros centros) pueda integrarse en la condición de personal estatutario. Regula quién puede hacerlo, los requisitos, los órganos competentes, el procedimiento y los efectos de la integración.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La duda es si esa disposición vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 23.2 y 103.

Modifica varias normas de personal de las Administraciones Públicas de Navarra para reducir la temporalidad en el empleo público. Regula nuevos regímenes de excedencia voluntaria y de concursos de traslado, y cambia el Estatuto del Personal y la normativa del Servicio Navarro de Salud.

Establece las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal un aumento adicional del 0,5 por ciento en sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2024. El pago se hará en la nómina de julio de 2025, junto con los atrasos correspondientes.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Modifica la Ley Foral 16/2022 para cambiar cómo se toman posesión los puestos reservados a funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de Navarra. Suprime la toma de posesión conjunta en los procesos de estabilización y ordinarios que esa ley permitía.

Aprueba medidas urgentes sobre el personal de las Administraciones Públicas de Navarra para reducir la temporalidad. Modifica normas sobre excedencias voluntarias, provisión de puestos y concursos de traslado, y regula el régimen de excedencias y traslados en el Servicio Navarro de Salud.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.