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Modifica la lista de países y territorios considerados jurisdicciones no cooperativas (antes llamados paraísos fiscales). Actualiza esa relación para reflejar cambios en transparencia y tributación. Incluye una regla transitoria para tributos cuyo periodo impositivo no había terminado al entrar en vigor.

Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

El acuerdo fija que España y el Reino Unido se reparten al 50 % el dinero obtenido de bienes decomisados en un caso concreto. España transferirá al Reino Unido 523.591 euros del total recuperado por la venta de una propiedad en España. El acuerdo entra en vigor con la firma de ambas partes.

Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

El Convenio entre España y Mauritania sobre asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. La norma comunica esta fecha tras completarse las notificaciones previstas en el propio Convenio.

El Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Con ello se completa la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

El Convenio de asistencia judicial en materia penal entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Se completa así la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

Autoriza a España a ratificar cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden supuestos de crímenes de guerra: uso de armas biológicas, de fragmentos no detectables por rayos X y láser cegadoras, y hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

El acuerdo fija que España y Suiza se reparten al 50 % el dinero obtenido de la venta de bienes decomisados en una causa por blanqueo de capitales. España transfiere a Suiza la mitad del importe que tiene ingresado en una cuenta bancaria en España.

Establece un acuerdo entre España y Nigeria para que las personas condenadas en uno de los dos países puedan cumplir su pena de prisión en el otro. Fija las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Establece un marco de asistencia judicial mutua entre España y Nigeria en materia penal. Regula cómo se solicitan, tramitan y ejecutan las peticiones de ayuda entre ambos países para prevenir, investigar y perseguir delitos, incluidos los fiscales y los relacionados con el terrorismo.

El Boletín Oficial del Estado publica una enmienda al artículo 39 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La enmienda añade un texto sobre la sustitución de un magistrado en las Salas, conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

España notifica al Consejo de Europa que la Fiscalía Europea se considera autoridad judicial en el marco del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal y sus dos Protocolos Adicionales. La declaración fija cómo se interpretan las solicitudes de asistencia judicial que emite o recibe la Fiscalía Europea.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

Establece un acuerdo entre España y Qatar para que las personas condenadas a pena de privación de libertad en uno de los dos países puedan cumplir su condena en su país de origen. Regula las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

España acepta la adhesión de Malta al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil. Con esta aceptación, el convenio se aplica entre España y Malta.