Buscar en el BOE

Propone incluir cinco espacios marinos protegidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 y declara una Zona de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. Establece medidas de conservación y un régimen de protección para estos espacios.

Crea la Oficina Técnica de Desertificación dentro de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Esta oficina se encarga de coordinar y apoyar las actuaciones contra la desertificación previstas en la Estrategia Nacional y su plan de acción.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos que renaturalicen y restauren ecológicamente terrenos agrarios y forestales. La Fundación Biodiversidad gestiona estas ayudas, que buscan ecosistemas más ricos en biodiversidad y mejor adaptados al cambio climático.

Actualiza la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la aprueba como Programa de Acción Nacional contra la Desertificación previsto en la Ley de Montes. También aprueba su Plan de Implementación para el periodo 2025-2027 y deja sin efecto la Orden ARM/2444/2008.

Modifica los anejos II y III del Convenio de Berna sobre conservación de la vida silvestre en Europa. El lobo (Canis lupus) deja de estar en el anejo II, de especies estrictamente protegidas, y pasa al anejo III, de especies protegidas.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas al fortalecimiento industrial del sector agroalimentario del Plan de Recuperación. Permite que los beneficiarios elijan libremente al auditor que revisa la cuenta justificativa de la subvención, sin tener que usar el que audita sus cuentas anuales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para actividades de interés general en investigación científica y técnica y protección del medio ambiente. Estas ayudas se financian con la asignación del IRPF a fines de interés social y se conceden en concurrencia competitiva.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del programa Renocicla para impulsar la economía circular de bienes de equipo usados en energías renovables. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Unión Europea-Next Generation EU.

La Orden establece las bases para conceder ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético que puedan recibir fondos de la Unión Europea. Regula los tipos de proyectos, los requisitos de los beneficiarios, las características de las ayudas y el procedimiento de solicitud, justificación y control.

Modifica el anexo II de una resolución anterior para incluir todos los puertos de interés general de las islas Canarias entre los puertos eximidos de aplicar ciertas obligaciones del Reglamento de la UE sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. La exención se basa en que Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2025, que establece el programa de incentivos MOVES III para la movilidad eléctrica durante el año 2025. La resolución ordena publicar ese acuerdo de convalidación.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales (bienes y derechos) adscritos a los servicios de conservación de la naturaleza que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 1980.

España acepta una enmienda al Convenio de la Comisión Económica para Europa de la ONU sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en medio ambiente. La enmienda añade un artículo sobre la participación del público antes de autorizar la diseminación voluntaria en el medio ambiente y la comercialización de organismos modificados genéticamente.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que reformaba la regulación para fomentar la actividad productiva. Anula varios preceptos: los que reforman la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía, los reglamentos sobre suelos contaminados y vertidos, y el decreto de municipio turístico.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 9/2024, que contenía medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social. La derogación se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el primer trimestre de 2025 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes dependen del precio del combustible. Estas instalaciones incluyen renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo específico.

Modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar la forma de presentar los informes sobre proyecciones de emisiones de contaminantes atmosféricos. El cambio ajusta el nivel de detalle de esas proyecciones a las nuevas directrices del Convenio CLRTAP y a la Directiva Delegada (UE) 2024/299.