Orden TED/776/2025, de 8 de julio, por la que se actualiza la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Desertificación en los términos previstos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y se aprueba su Plan de Implementación para el periodo comprendido entre 2025 y 2027.

La desertificación es uno de los mayores problemas ambientales a escala global y fue uno de los primeros en ser reconocido en el ámbito internacional. La culminación de este reconocimiento fue la promulgación el 17 de junio de 1994 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (en adelante, CNULD) en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, instrumento derivado de la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo y Medio Ambiente, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que entró en vigor el 26 de diciembre de 1996 y cuya ratificación por el Reino de España fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 11 de febrero de 1997.

La CNULD, que tiene como objetivo «luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación», establece la aplicación de estrategias integradas que a largo plazo mantengan y mejoren la productividad de las tierras, conserven y hagan un uso sostenible de los recursos suelo y agua y restauren las zonas degradadas por procesos de desertificación. Todo ello con objeto de promover un desarrollo sostenible de las zonas afectadas y la mejora de las condiciones de la población que viven en ellas.

Más recientemente España, junto con Senegal, han liderado la puesta en marcha de la Alianza Global para la Resiliencia a la Sequía (IDRA, por sus siglas en inglés), cuya labor está en consonancia con el mandato de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que alberga la Secretaría de la IDRA y apoya su cometido, siendo la IDRA la primera coalición mundial que moviliza capital político, financiero y técnico para un futuro resiliente a la sequía.

En directa conexión con la implementación en España de los compromisos derivados de la CNULD, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, estableció en su artículo 7.2.a).3 la figura del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de ese mismo texto legal debía ser aprobado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con las Comunidades Autónomas.

La Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, dio respuesta a ambas necesidades. Por un lado, dando cumplimiento a los compromisos asumidos por España en la CNLUD y, por otro, ajustándose a lo establecido en los artículos 7 y 41 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre.

Con posterioridad, el Gobierno de España aprobó el 21 de enero de 2020, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental de España, por la que se comprometió a elaborar una Estrategia de Lucha contra la Desertificación en el marco del fortalecimiento de las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, con el impulso de las oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo empleo verde, así como con las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la despoblación y el reto demográfico.