Orden TED/586/2025, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden TED/898/2023, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social, en el ámbito de la investigación científica y técnica y protección al medio ambiente en materias de competencia estatal.

La Orden TED/898/2023, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social, en el ámbito de la investigación científica y técnica y protección al medio ambiente en materias de competencia estatal, publicada en el BOE de 31 de julio, se dictó con el objetivo de conciliar el reconocimiento internacional y europeo a la labor social de las entidades del tercer sector ambiental, y el que realiza el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y la consecuente aplicación de los fondos recaudados, así como la atribución competencial al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que realiza el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, con el pleno respeto a la amplia y elocuente jurisprudencia sobre distribución competencial en la materia, establecida tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional. La orden de bases persigue financiar la participación de las entidades del tercer sector ambiental, universidades y organismos públicos de investigación en actividades que se insertan en las funciones atribuidas al Estado para el conjunto del sistema (STC 71/2018, FJ3).

Como se señala en la Orden TED/898/2023, de 20 de julio, que ahora se modifica, el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, establece los ámbitos a los que debe destinarse la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En concreto, señala que los fines de «interés general considerados de interés social a que se debe destinar esta asignación tributaria son: (…) la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo». Asimismo, se especifica qué se entiende por actividades de interés general, señalando que son «aquellas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general y a proteger y conservar el entorno». Así, el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, reconoce, por tanto, que el medio ambiente es una actividad de interés general considerada de interés social, e instaura un sistema de participación de las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro de medio ambiente (en adelante, entidades del tercer sector ambiental) que colaboran con las Administraciones públicas en las políticas de este campo, el Tercer Sector, en los fondos recaudados con el IRPF asignados a otros fines del interés social.

Las leyes de Presupuestos Generales del Estado son las encargadas de establecer, para cada una de las anualidades, la asignación de la parte del 0,7 por ciento de la cuota íntegra del IRPF que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pero también establecen que el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo período impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de la misma y que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. Con este recurso tributario adicional, útil instrumento para la canalización de la responsabilidad social de las sociedades con objeto mercantil y su contribución al interés general, la Administración General del Estado complementa la financiación del Tercer Sector a través de medidas de fomento y modernización del mismo.