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Establece un acuerdo de colaboración entre ONU-Habitat y la Vicepresidencia Primera de Castilla-La Mancha para cooperar en desarrollo urbano sostenible y lucha contra la despoblación. Se apoya en la Nueva Agenda Urbana y en la Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha sobre despoblación y desarrollo rural.

Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

Modifica la Ley Foral 17/2020, que regula las actividades con incidencia ambiental, para ordenar la implantación de plantas de biometanización en explotaciones agroganaderas de Navarra. Establece un marco para estas instalaciones, que gestionan residuos y producen energía renovable.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en la comarca. Las actuaciones se refieren al ciclo del agua, la gestión de residuos urbanos, equipamientos municipales y digitalización.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

Regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para financiar iniciativas locales de inclusión social en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana durante el ejercicio presupuestario 2026. Las ayudas se enmarcan en el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible de esa zona.

Regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para financiar actuaciones locales de prevención, sensibilización y divulgación dirigidas a la población de origen extranjero en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana. Fija las entidades beneficiarias, el procedimiento, las cuantías, los gastos subvencionables y el control de las ayudas.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

La ley regula el control ambiental en Cantabria: crea un sistema de autorizaciones e inspecciones para instalaciones y actividades, y establece la evaluación ambiental de planes y proyectos. También fija infracciones, sanciones y medidas correctoras.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos del Real Decreto-ley 7/2026, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El recurso afecta a los artículos 15.1 f), 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 (segundo párrafo), 16.9, 16.10, 16.11, 17, 18.1, 18.2, 21 y 29.