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Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos puntos de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cuestiona por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley.

Modifica las instrucciones de jornada y horarios de la Administración de Justicia para que los funcionarios que hayan hecho una guardia ordinaria puedan descansar el mismo día en que termina o en los tres días laborables siguientes, en los mismos supuestos que los Letrados de la Administración de Justicia.

El Tribunal Constitucional declara nulo en parte el artículo 23 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que fijaba retribuciones distintas para los letrados coordinadores del gabinete técnico del Tribunal Supremo según pertenecieran o no a la carrera judicial. La nulidad se basa en la vulneración del principio de igualdad retributiva.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 23 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, por posible vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Consejo General del Poder Judicial adapta la regulación de la reducción de jornada de los miembros de la Carrera Judicial por cuidado de hijos o personas acogidas. Fija hasta qué edad se puede mantener ese derecho y en qué casos se prolonga.

Modifica la norma que creó la Oficina de la Fiscalía Europea en España para añadir un servicio de guardia semanal. Este servicio lo harán, de forma rotatoria, funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y administrativa o de tramitación procesal y administrativa de esa Oficina.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Abogado del Estado y anula el inciso «de seis meses» del artículo 103.3 del Reglamento del Mutualismo Judicial. Ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado y no impone costas.

Publica el concierto entre la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y seis entidades de seguro para dar asistencia sanitaria en España a sus beneficiarios durante 2022, 2023 y 2024. También da a conocer el texto completo del concierto y las aseguradoras que lo han firmado.

Crea una Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para el personal de la Administración de Justicia no transferido. También modifica el anexo sobre número de miembros y composición de las mesas delegadas.

Publica un acuerdo entre España y el Consejo de Europa para que un juez español trabaje en comisión de servicio en el Consejo de Europa, en Estrasburgo. El acuerdo fija el puesto, la duración y las condiciones de esa adscripción.

Crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia para apoyar a los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Esta unidad forma parte del plan de refuerzo de la Justicia frente al COVID-19 y se ocupa de tareas administrativas de apoyo.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Encarga al Ministro de Justicia coordinar en todo el Estado la actividad de los funcionarios de la Administración de Justicia durante el estado de alarma por el COVID-19. También coordina los servicios de los colegios profesionales, como el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.