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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija las nuevas cuantías mensuales de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears. La actualización se aplica a los distintos grupos y subgrupos profesionales y tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.

Establece instrucciones sobre jornada y horarios del personal de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Fija la jornada ordinaria en 35 horas semanales y amplía la flexibilidad horaria para la conciliación, incluyendo a las personas cuidadoras.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2025, que amplía el permiso de nacimiento y cuidado. La norma modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de la Seguridad Social para completar la transposición de una directiva europea sobre conciliación familiar y laboral.

El Consejo de Ministros aprueba subir un 0,5 % adicional las retribuciones del personal del sector público, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Esta subida se aplica porque la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 superó el aumento fijo acumulado de esos años.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Toledo sobre un apartado de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.1.18.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del caso por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. Se cuestiona por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula mejoras voluntarias de la Seguridad Social para el personal de la Junta. Se cuestiona si ese inciso vulnera el artículo 14 de la Constitución, sobre igualdad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Foral 19/2022 de Navarra, que regula procesos de estabilización de empleo público temporal. La plantea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2024, que prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Fija las instrucciones para pagar al personal del Sector Público Estatal la subida del 2 por ciento de las retribuciones de 2024. El aumento se aplica desde el 1 de enero de 2024 sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. Se abona en la nómina de julio y los meses de enero a junio se pagan como atrasos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2024, que adopta medidas urgentes para simplificar y mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo y completa la transposición de una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y profesional.

Crea nuevas categorías de personal estatutario en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla. Regula los requisitos de acceso, las funciones, la jornada, las retribuciones y la incorporación a las plantillas de esas nuevas categorías.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

Establece cómo se organiza la planificación estratégica de los recursos humanos en la Administración del Estado. Regula los planes generales, los planes específicos de cada ministerio u organismo y los planes de reestructuración de sectores concretos, y fija su elaboración y seguimiento.

Establece cómo se pagan los atrasos del incremento retributivo complementario del 0,5 por ciento ligado al PIB de 2023 al personal del sector público estatal que cambió de centro pagador por la reorganización de los ministerios. La nómina la prepara el departamento de origen y el pago se hace con cargo al presupuesto del departamento de destino.

Fija las instrucciones para pagar al personal del Sector Público Estatal un aumento complementario del 0,5 % de sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2023. El pago se hace en la nómina de febrero de 2024 y los atrasos desde enero de 2023 se abonan según el caso de cada empleado.