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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias asociaciones contra el Reglamento de extranjería de 2024 y anula varios preceptos. Entre ellos, los que impedían a las empresas de trabajo temporal ser titulares de autorizaciones de temporada, exigían que la dependencia económica del ascendiente se diera en el país de origen o denegaban permisos de forma automática por antecedentes penales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

Prorroga los controles fronterizos temporales en aeropuertos y puertos españoles para los pasajeros que lleguen desde Italia. La medida se aplica desde el 23 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2026.

Prorroga los controles fronterizos temporales en aeropuertos y puertos españoles para los pasajeros que llegan desde Italia. La medida se aplica del 8 al 22 de septiembre de 2026 y se basa en razones de orden público y seguridad interior.

Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Establece el procedimiento para autorizar la residencia temporal en España de menores saharauis y la estancia de sus monitores durante el verano de 2025, dentro del Programa «Vacaciones en Paz». Regula la solicitud de informe previo, los requisitos de acogida y el visado.

Prorroga la validez de las tarjetas de identidad de extranjero expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. La prórroga se vincula a la extensión de la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2026.

Fija en 90 euros las tasas por tramitar las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario (tipo A), corta duración (tipo C), expedido en frontera (tipo C) y nacional de larga duración (tipo D). Deroga la Orden AUC/1139/2021 y adapta la norma española al Reglamento de la Unión Europea.

Establece el procedimiento para autorizar la residencia temporal en España de menores saharauis y la estancia de sus monitores durante el verano de 2024, dentro del programa «Vacaciones en Paz». Fija requisitos, plazos y trámites ante las delegaciones del Gobierno y los consulados.

Establece las condiciones para aplicar el Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de personas en situación ilegal. Fija las autoridades competentes de España y Georgia, los pasos fronterizos designados y el procedimiento para solicitudes de readmisión y tránsito.

Prorroga hasta el 4 de marzo de 2025 la validez de las Tarjetas de Identidad de Extranjero ya expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. No hace falta pedir una tarjeta nueva.

El acuerdo regula la colaboración entre el Ministerio del Interior y la oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional. El Ministerio financia cinco puestos de especialistas en protección internacional del ACNUR.

Mantiene el cierre temporal de los puestos terrestres de entrada y salida de España en Ceuta y Melilla, salvo El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla). Por esos dos puestos solo pueden pasar quienes cumplen los requisitos para ir al resto del espacio Schengen y los trabajadores transfronterizos con Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor.

Prolonga hasta el 15 de diciembre de 2022 la vigencia de la Orden INT/657/2020, que aplica en España la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública ligadas a la COVID-19.

España ratifica el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, que crea un sistema para que ciertas organizaciones presenten reclamaciones colectivas por incumplimiento de derechos sociales. España incluye una declaración que limita la protección a extranjeros en situación irregular salvo autorización expresa.

Deja sin efecto la Orden SND/425/2022, que establecía controles sanitarios para las personas que llegaban a España por los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. La medida se aplica desde las 00:00 horas del 21 de octubre de 2022.

Modifica la Orden INT/657/2020 sobre restricciones temporales de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y Schengen por la COVID-19. Actualiza los requisitos sanitarios para las personas exentas de restricciones y fija la vigencia de la norma hasta el 15 de noviembre de 2022.

Desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada, regulando los requisitos y el procedimiento de autorización de entidades, la ejecución y el pago, el seguimiento y control, y el intercambio de información. También aplica estas reglas a los programas de atención humanitaria a personas migrantes.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades que participan en la contratación colectiva en origen de trabajadores migrantes. Regula el procedimiento, los requisitos de los beneficiarios, los criterios de valoración y la justificación del gasto.