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Permite llenar y transportar recipientes a presión y recipientes criogénicos cerrados de gases de la Clase 2 aunque haya vencido la fecha de su inspección periódica y ensayo. Se aplica a los números ONU que se enumeran y exige indicar en el documento de transporte que se usa este acuerdo.

Permite que las inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados «UN», cuya validez termine entre el 1 de marzo y el 1 de agosto de 2020, sigan siendo válidas hasta el 31 de agosto de 2020. Las inspecciones deben realizarse antes del 1 de septiembre de 2020.

Permite transportar desechos médicos sólidos o clínicos de Categoría A destinados a su eliminación bajo el número ONU 3549, con reglas propias de embalaje y etiquetado. Establece cómo clasificar estos desechos y qué envases se autorizan. El acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2020.

Permite que los certificados de formación de conductores de mercancías peligrosas y de consejeros de seguridad que caducaban entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre de 2020 sigan siendo válidos hasta el 30 de noviembre de 2020. Para renovarlos por cinco años hay que hacer la formación de reciclaje y superar un examen antes del 1 de diciembre de 2020.

Permite que las inspecciones periódicas e intermedias de cisternas y los certificados de aprobación de vehículos que caducaban entre el 1 de marzo y el 1 de agosto de 2020 sigan siendo válidos hasta el 30 de agosto de 2020. Las inspecciones deben realizarse antes del 1 de septiembre de 2020.

Permite a conductores y empresas de transporte seguir operando con tarjetas de tacógrafo caducadas si su renovación se retrasó por el estado de alarma del COVID-19. Fija qué documentos deben llevar en el vehículo y qué descargas deben hacer las empresas.

Establece la prohibición de vuelos directos desde Italia a España y fija excepciones, como vuelos de carga, humanitarios o médicos. Permite, con autorización del Ministerio de Sanidad, vuelos que traigan solo a ciudadanos españoles o residentes en España, que deben entrar por aeropuertos designados.

Fija reducciones mínimas en la oferta de transporte de viajeros durante el estado de alarma por COVID-19: al menos un 70% en trenes de media distancia, autobuses, aviones y barcos, y entre un 20% y un 50% en cercanías. También permite abrir oficinas de alquiler de coches sin conductor.

Desarrolla el Real Decreto del estado de alarma por el COVID-19 en materia de tráfico. Permite cerrar o restringir carreteras por salud pública o seguridad y suspende temporalmente las restricciones de circulación para el transporte de mercancías. También suspende campañas de control y amplía plazos de permisos y trámites de vehículos.

Modifica una orden anterior sobre transporte por carretera durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite que dos personas vayan en la cabina de los camiones cuando el tipo de transporte lo requiera y amplía la norma al transporte privado complementario.

Permite que en los transportes públicos de mercancías por carretera vayan dos personas en la cabina cuando el tipo de transporte lo requiera. También autoriza la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y de comercios de venta de piezas a talleres, sin atención al público general.

Suspende temporalmente, por un máximo de treinta días, el cumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción, pausas y descanso para los transportes de mercancías que pasen por zonas de riesgo o de transmisión comunitaria del coronavirus señaladas por el Ministerio de Sanidad.

Establece las características que deben cumplir los soportes y aplicaciones informáticas para cumplimentar por medios electrónicos los documentos de control exigidos en los transportes por carretera. También fija cómo deben enviarse copias de esos documentos a la inspección cuando se detecte una posible infracción.

Establece medidas especiales para regular el tráfico en las vías interurbanas durante 2020. Incluye restricciones a pruebas deportivas y otros eventos en fechas de desplazamientos masivos, y regula la circulación de vehículos con cargas peligrosas.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.