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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos y apartados del decreto relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y desestima el resto del recurso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos asociaciones de apartamentos turísticos contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos del real decreto y, en otros, solo las menciones al Registro Único y al número de registro.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula los artículos sobre el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro y poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas en línea. El resto del real decreto se mantiene.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones contra el Real Decreto 517/2024, que regula el uso civil de drones. Anula la Sección 3.ª del Capítulo VI y rechaza el resto de las pretensiones.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Procuradores de España y anula el Real Decreto 64/2023, que aprobaba el Reglamento de acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. La norma se anula por ser contraria a derecho y se ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley catalana 1/2022, que modificaba la Ley 24/2015 sobre vivienda. El recurso había sido interpuesto por el presidente del Gobierno contra una norma autonómica que ya había sido anulada por la sentencia 120/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba normas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Anula varios preceptos autonómicos por invadir competencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal y obligaciones contractuales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados contra varios preceptos de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Declara que esos preceptos son conformes con la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios preceptos de la Ley 30/2015, que regula la formación profesional para el empleo. La cuestión se refiere a las menciones a sindicatos «más representativos» o «representativos» y su posible vulneración de los derechos de igualdad y libertad sindical. El tribunal inadmite en parte la cuestión y considera que el trato diferencial entre sindicatos basado en la representatividad es objetivo y razonable.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, que modifica la Ley 5/2008 sobre violencia machista. La sentencia declara nulo el precepto que imponía obligaciones a los partidos políticos en materia de prevención de la violencia machista y analiza la extensión de la protección a mujeres transgénero.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Nacional para la Salud Animal contra el Real Decreto 867/2020, que regula productos zoosanitarios de diagnóstico veterinario y otros productos para animales. Declara nulos el artículo 1, párrafo primero, parte del párrafo segundo y la disposición adicional primera.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Nacional del Arma contra el Real Decreto 726/2020, que modificó el Reglamento de Armas. Anula la disposición final tercera de esa norma por no ajustarse al ordenamiento jurídico y ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos asociaciones de armeros contra el Real Decreto 726/2020, que modificó el Reglamento de Armas. Anula el párrafo octavo del artículo 1 y la disposición final tercera de ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos del Reglamento de adopción internacional. La sentencia declara nulos algunos preceptos de la Ley 54/2007 y de su reglamento que atribuían al Estado funciones ejecutivas en adopción internacional.