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Modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto-ley 4/2018, que regula la subrogación del personal laboral cuando entra en funcionamiento el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat. El cambio afecta a las condiciones de ese personal en el traspaso al ente público.

Aprueba un nuevo texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, que sustituye al aprobado en 2002. Reúne y ordena en un solo texto las normas que regulan esta entidad pública de financiación.

Modifica la Ley de universidades de Cataluña para fijar precios públicos de matrícula con tarifación social y criterios de equidad en el acceso. Añade un artículo nuevo y cambia los artículos 4, 41 y 117 de la Ley 1/2003.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Modifica la Ley del patrimonio cultural catalán para proteger los establecimientos emblemáticos. Obliga a los titulares de bienes culturales a avisar con seis meses de antelación cualquier cambio de uso o fin de actividad, y exige autorización administrativa para cambiar el uso de bienes culturales de interés local.

Modifica la Ley 2/2009 del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Reduce de nueve a seis años el mandato de sus miembros y cambia el ritmo de renovación: por mitades cada tres años los designados por el Parlamento y uno a uno cada dos años los designados por el Gobierno. Añade reglas transitorias para aplicar estos cambios.

Modifica la Ley del Síndic de Greuges para que su mandato dure seis años en lugar de nueve. El síndico o síndica no puede ser reelegido.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.

Modifica el artículo 4 de la Ley 10/2014, que regula las consultas populares no referendarias en Cataluña. Permite al presidente de la Generalitat y al Gobierno promover y convocar consultas que afecten a más de un municipio, comarca o veguería.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Regula la organización y gestión del juego de lotería reservado a la Generalitat de Cataluña. Crea la sociedad Loteries de Catalunya, SAU, que asume la actividad de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas. Ordena los ingresos públicos, el fondo de premios y la comercialización.

Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.