Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I

Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis económica que el Estado español sufre desde 2008. Según los datos de la Encuesta de población activa del Instituto de Estadística de Cataluña correspondiente al segundo trimestre de 2021, en este período la tasa de paro era del 12,3%, con 477.100 personas desempleadas, un 70% de las cuales no recibía ningún subsidio ni prestación, y más de 144.600 hogares tenían a todos sus miembros en paro. En el año 2020, un 34% del paro había sido entre la población de dieciséis a veinticuatro años y 97.100 hogares no percibían ningún ingreso.

Esta situación de emergencia social ha sido y es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Las estadísticas oficiales desde 2008 con relación a los efectos de la crisis económica sobre el poder judicial del Consejo General del Poder Judicial muestran que, tras los miles de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2012 –a los que se sumó el sobreendeudamiento–, emergió una nueva oleada de lanzamientos de arrendatarios impulsada por las reformas legislativas llevadas a cabo entre los años 2009 y 2013 –principalmente, la aceleración del procedimiento judicial y la reducción de la duración de los contratos–, lo cual desembocó en un pico de desalojos en torno al 2013. La cantidad total de desalojos en el período de 2013 a 2019 fue muy superior a la del período de 2008 a 2013, y desde entonces se ha mantenido alta, sostenida, entre otros factores, por la subida del precio de los alquileres, el incremento del acceso a los arrendamientos de las unidades familiares hipotecadas después de ser desalojadas y el aumento de casos de personas expulsadas durante las primeras oleadas que, ante la falta de alternativas públicas, accedieron sin título a las viviendas vacías acumuladas por las entidades financieras como resultado de los miles de lanzamientos ejecutados. Los lanzamientos aumentaron un 308% –de 3.926 en 2008, a 16.008 en 2013–, y en el período de 2013 a 2019 la cantidad total de lanzamientos fue muy superior a la del período de 2008 a 2012, y la cantidad anual se mantuvo siempre por encima de los 12.000.

Paralelamente, según los datos publicados por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y de acuerdo con la explotación estadística de las fianzas de alquiler del Instituto Catalán del Suelo, el aumento del precio del alquiler ha sido constante y muy notable: de 2008 a 2020 aumentó un 8,3% y en los últimos siete años de este período aumentó un 35,5%, de modo que en el segundo trimestre de 2021 el alquiler medio era de 713,15 euros en Cataluña –812,94 euros en el ámbito metropolitano de Barcelona y 903,28 euros en la ciudad de Barcelona–. En 2019 el 68% de los lanzamientos fueron derivados del impago de alquileres y el 21% de hipotecas; no existen datos oficiales sobre la pérdida de la vivienda habitual a la que se ha accedido sin título, con la precariedad y la inseguridad que ello conlleva. En el período analizado, las unidades familiares de Cataluña que ingresaban cantidades menores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia en Cataluña (1.747,4 euros) –que es la cantidad fijada como límite legal por debajo del cual una unidad familiar se encuentra en exclusión residencial– debían destinar un 42% de sus ingresos a pagar el alquiler medio de 2020, mientras que las que disponían, por ejemplo, de un salario y medio referenciado al salario mínimo interprofesional de 2020 (1.425 euros) tenían que hacer un sobreesfuerzo, ya que debían destinar un 51,5% de los ingresos, en contra de las recomendaciones internacionales y del artículo 8 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética de Cataluña.