Ley 7/2022, de 12 de mayo, de modificación de la Ley 1/2003, de universidades de Cataluña.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente ley.

PREÁMBULO

La enseñanza universitaria tiene la consideración de servicio para el bien público y, como tal, se convierte en una responsabilidad de la Administración. Este servicio no lo presta directamente, sino que lo hace, como corresponde a las necesidades del ámbito, mediante las universidades, que son instituciones públicas autónomas y, por lo tanto, deben tener asegurada su autonomía financiera mediante la combinación de un sistema de financiación adecuado y de unos ingresos para la prestación del servicio. Solo en Europa, la relación entre ambos componentes es muy diversa, y lo es mucho más a escala global. En la Europa occidental, que es el entorno socioeconómico más cercano a Cataluña, los extremos se sitúan en la gratuidad aplicada en algunos países nórdicos y en una tasa cercana al coste real de los estudios en Inglaterra. El Reino Unido es un caso de coexistencia de los dos extremos dentro de un sistema común, ya que, mientras que Inglaterra tiene el precio público más elevado de la Europa occidental, Escocia ha optado por la plena gratuidad de la enseñanza universitaria. Desde esta perspectiva, la adopción de un precio responde esencialmente a la disponibilidad de recursos públicos y al modelo social. En cualquier caso, el modelo de precios universitarios mayoritario en estos países de la Europa occidental es el de adopción de un precio o una tasa únicos de matrícula universitaria.

El papel central que tiene la enseñanza universitaria en la estrategia de desarrollo de todos los países avanzados hace que, por justicia social y también por eficiencia social, sea imprescindible garantizar los niveles más elevados de equidad en el acceso a la universidad. Esta garantía consta de varios componentes, que siempre deben tener presente la identificación de una situación económica desfavorecida en relación con la media del país.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar dicha equidad son las dificultades socioeconómicas que se dan en las etapas previas a los estudios universitarios. Por ello, toda iniciativa que promueva medidas para combatir este tipo de situaciones, como la fijación de precios públicos basados en tarifación social, debe tener en cuenta los recursos que deben destinarse para asegurar la equidad en el acceso.

El sistema estatal de becas de régimen general garantiza el derecho a la matrícula gratuita para los ciudadanos con ingresos por debajo de los umbrales establecidos, comunes en todo el Estado. Este sistema es positivo, pero muy limitado, tanto en extensión, ya que los umbrales de pobreza en la sociedad catalana son superiores a la media española, de manera que ciudadanos de Cataluña que tienen dificultades económicas pueden no estar cubiertos por el derecho a la beca de régimen general porque se encuentran en niveles de renta superiores a los umbrales, como en intensidad, debido a que no cubre adecuadamente el coste de oportunidad, con unas becas salario insuficientes cuando los ciudadanos deben optar por dejar un trabajo que necesitan para poder cursar estudios universitarios.