Decreto-ley 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los ámbitos sanitario y penitenciario y de justicia juvenil.

El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.

De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad de Cataluña;

De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de la COVID-19 pandemia internacional, el Gobierno de la Generalidad ha adoptado varias medidas en diferentes ámbitos de actuación, tanto para paliar los efectos desfavorables que sobre ellos provoca la pandemia, como para poder adecuar la acción administrativa a los nuevos retos que esta situación requiere y garantizar una respuesta eficiente.

Con esta finalidad, este Decreto ley, integrado por un artículo único, una disposición adicional y una disposición final, establece medidas organizativas en los ámbitos sanitario y penitenciario y de justicia juvenil.

En el artículo único se establece que el Departamento de Justicia pone a disposición del Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto necesarios del personal propio y externo que trabaja o colabora en los centros penitenciarios y en los centros educativos de justicia juvenil para hacer la gestión y el seguimiento de las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 mediante los sistemas de información creados a este efecto. Esta comunicación responde al objetivo de asegurar la protección de las personas que están internas en estos centros y garantizar la efectividad del conjunto de medidas de prevención y protección de la salud, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de este entorno.

En efecto, el personal que presta servicios en un centro penitenciario o en un centro educativo de justicia juvenil es un elemento primordial de la atención a las personas privadas de libertad, dado que, a causa de las condiciones de vida de las personas reclusas y de los menores y jóvenes internos, este personal tiene que interaccionar con ellos de manera constante. En las diferentes situaciones de transmisión comunitaria, teniendo en cuenta la experiencia en la gestión de brotes comunitarios anteriores, se considera necesaria la realización de pruebas diagnósticas periódicas (cribados) a determinados colectivos profesionales, entre los que se encuentra el del personal que presta servicios en los centros penitenciarios y en los centros educativos de justicia juvenil o que colabora desde el voluntariado, como medida para minimizar los riesgos de contagio por el riesgo de entrada del virus en estos centros.