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Modifica la norma que regula la jornada y el horario habitual de los militares en su destino para adaptarla a las nuevas instrucciones de la Administración General del Estado. Amplía la flexibilidad horaria para quienes cuidan de menores de doce años sujetos a tutela o acogimiento y de personas dependientes que convivan en el mismo domicilio.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Modifica el Real Decreto 1009/2023 para incluir la Dirección General del Tesoro y Política Financiera entre las direcciones generales cuyo titular no necesita ser funcionario. La norma justifica esta excepción por las funciones técnicas y estratégicas de ese órgano, como la gestión de la deuda pública y la política financiera.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Permite que los policías locales en prácticas porten armas de fuego y que sus cursos y prácticas previas cuenten en cualquier proceso selectivo o de promoción interna, sin límite de cinco años. Aclara quién paga a los funcionarios en prácticas y amplía el número de aspirantes que pueden hacer el curso básico.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional tercera del Decreto-ley 1/2022 de la Comunitat Valenciana, que aprobó medidas urgentes ante la emergencia energética y económica por la guerra en Ucrania. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Modifica el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas para crear especialidades en la escala de oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio. También modifica el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025. Esa disposición modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales.

Prorroga un año más, hasta el 2 de marzo de 2027, la comisión de servicio de un funcionario español en el Consejo de Europa, en las mismas condiciones del acuerdo firmado en marzo de 2025.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

Reconoce la condición de agente de la autoridad al personal funcionario y directivo que trabaja en régimen interior y rehabilitación en centros penitenciarios de Cataluña. Regula esta atribución y la obligación de la Administración de indemnizar lesiones y daños materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

Aprueba un nuevo Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Regula el personal funcionario, eventual y laboral al servicio del Congreso y del Senado: ingreso, cese, situaciones administrativas, derechos, permisos, retribuciones, provisión de puestos, incompatibilidades y régimen disciplinario.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2025, con la totalidad de gastos e ingresos del sector público y los beneficios fiscales. Incluye normas sobre personal, gestión del gasto, operaciones de crédito y actualización de tasas.

Modifica el artículo 87 de la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid sobre el personal funcionario interino. Permite ampliar hasta doce meses más, en casos excepcionales y con requisitos, los nombramientos para programas temporales que superen los tres años iniciales, como los de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.