Recurso de inconstitucionalidad n.º 1586-2026, contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
Tribunal Constitucional · 4 de abril de 2026
En pocas palabras
El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025. Esa disposición modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales.
Qué cambia
El recurso abre un proceso para decidir si esa parte de la norma es conforme a la Constitución. Mientras se resuelve, la norma sigue en vigor salvo que el tribunal acuerde su suspensión.
- A quién afecta
- empresarios y profesionales que emiten facturas · proveedores de programas de facturación · entidades locales · comunidades autónomas
- Cifras
- recurso de inconstitucionalidad número 1586-2026
- providencia de 25 de marzo de 2026
- más de cincuenta diputados promotores
- Impuestos y cuentas públicas
- Economía, empresas y consumo
- Justicia
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de marzo de 2026, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1586-2026, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
Madrid, 25 de marzo de 2026.–El Secretario de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Alfonso Pérez Camino.