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Establece el contenido y el formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben presentar sus planes de inversión anuales y plurianuales a la Secretaría de Estado de Energía. Incluye la identificación de proyectos con fondos del Plan de Recuperación y de actuaciones para ampliar la capacidad de la red.

Modifica la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada a España. Desde su publicación, los controles sanitarios de la COVID-19 se aplican solo a quienes lleguen por vía aérea o marítima desde países fuera de la Unión Europea o no asociados a Schengen.

Establece cómo autoliquidar y pagar por internet la tasa 038, por la expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros. Se aplica a los trámites de residencia por movilidad internacional que resuelve la Dirección General de Migraciones.

Aprueba las tarifas que SEGIPSA aplicará por trabajos de preservación digital e ingesta de documentación electrónica encargados por entidades del sector público estatal. También deroga las tarifas anteriores de custodia digital e indexación de archivos electrónicos.

Actualiza los controles sanitarios en los puntos de entrada a España (aeropuertos y puertos) para prevenir la COVID-19. Los viajeros pueden ser sometidos a control de temperatura, control documental y control visual, y deben disponer de certificado de vacunación, prueba diagnóstica negativa o recuperación.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Establece el sistema electrónico para que los ayuntamientos soliciten la compensación por la pérdida de recaudación de las bonificaciones del 95 % en el IAE y el IBI de cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Las solicitudes se presentan solo por la Oficina Virtual, mediante la aplicación COTRIL.

Pone en marcha en Navarra la aplicación telemática con la que el comercializador de referencia comprueba si quien solicita el bono social cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable. La aplicación se aplica desde el día siguiente a la publicación de la resolución y su uso es obligatorio desde esa fecha.

Establece las condiciones de uso de un sistema de firma electrónica no criptográfica vinculado al servicio AutenticA. Este sistema se ofrece como complemento a la firma electrónica avanzada con certificado cualificado para relacionarse con la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital y el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital dentro de la Agencia Tributaria. Establece sus normas de organización y funcionamiento para coordinar la asistencia no presencial a los contribuyentes.

Modifica los controles sanitarios en los puntos de entrada a España para aceptar certificados de recuperación de COVID-19 basados en test rápidos de antígeno, además de las pruebas NAAT. También se aceptan certificados de recuperación emitidos por terceros países fuera de la regulación de la Unión Europea.

Establece cómo las comunidades autónomas deben enviar al Ministerio para la Transición Ecológica los datos de los certificados de eficiencia energética de edificios. Fija el contenido mínimo de esa información y dos formas de remisión: publicación en datos abiertos o envío en formato XML mediante la aplicación EVADINE.

Aprueba los modelos oficiales de certificado que los Servicios Sociales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social deben usar para acreditar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital. Estos modelos figuran en los anexos I y II.

Regula cómo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla deben presentar por vía electrónica al Tribunal de Cuentas su Cuenta General y la información sobre su control interno, a partir del ejercicio 2021.

Establece qué prestaciones de la Seguridad Social puede resolver el Instituto Nacional de la Seguridad Social de forma automatizada, con sello electrónico. Fija criterios objetivos para repartir expedientes entre direcciones provinciales y determina qué dirección provincial reconoce pensiones con normas internacionales.

Regula qué actos de los procedimientos de reconocimiento de ciertas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar puede realizar de forma automatizada el Instituto Social de la Marina, firmándolos con su sello electrónico. Los actos automatizables son las comunicaciones de trámite y la resolución del procedimiento.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Establece las instrucciones y el calendario para que ciertas entidades locales soliciten financiación extraordinaria y cancelen facturas pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021. Define también los modelos de certificados de deuda y el contenido de los planes de ajuste.