Resolución de 19 de enero de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 17 de enero de 2022, sobre modificación de la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de marzo de 2017, por la que se regula la presentación telemática de las cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos y de las cuentas anuales de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, y el formato de dichas cuentas, así como el cumplimiento de las obligaciones de información al Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas contabilidades.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), establece, en su apartado Uno, que corresponde a esta Institución «la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos», previsión esta que también se recoge en el apartado tres de su artículo 4. En el mismo sentido se pronuncian, respectivamente, el artículo 16 y la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP).

A tal fin, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.seis de la LOFPP, los partidos políticos habrán de remitir sus cuentas anuales consolidadas, en las que se detallarán y documentarán sus ingresos y gastos, debidamente formalizadas, al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente al que aquellas se refieran. Por su parte, las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de aquellos están obligadas a formular y aprobar sus cuentas en los términos previstos en la legislación vigente, a realizar una auditoría de sus cuentas anuales y a enviar, dentro del mismo plazo, toda la documentación al referido tribunal, conforme establece el número seis de la citada disposición adicional séptima.

La remisión de dichas cuentas constituye un deber legal básico para hacer posible el control que sobre los mismos establece la normativa, reforzando así la transparencia de su actuación.

El incumplimiento de este deber por los partidos políticos se encuentra tipificado como falta muy grave o grave en el artículo 17 de la LOFPP, según concurran determinadas circunstancias, siendo competencia del Pleno del Tribunal de Cuentas acordar el inicio y tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, en los términos regulados en el artículo 18 de la LOFPP y, caso de proceder, imponer las sanciones recogidas en el artículo 17 bis del referido texto legal. Asimismo, el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, prevé que pueda dictarse declaración judicial de extinción de estos cuando no hayan presentado sus cuentas anuales durante tres ejercicios consecutivos o cuatro alternos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentación.

El adecuado desarrollo de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas hace necesaria la remisión de cuentas con información actualizada, fiable, precisa y detallada, por lo que resulta imprescindible disponer de las cuentas anuales consolidadas rendidas en el plazo legalmente establecido.

El empleo de los medios electrónicos es hoy un imperativo para las entidades públicas. Las Leyes 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ambas de 1 de octubre, así lo disponen, siendo las mismas de aplicación supletoria a los procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas. El artículo 14 de la última de las Leyes referidas recoge el derecho de las personas físicas de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, siendo obligatorio para las personas jurídicas y demás sujetos enumerados en el apartado 2 del citado precepto. Se consagra, por tanto, legislativamente el principio de que las administraciones públicas, y de forma más amplia las entidades públicas, deben operar en un entorno en el que la utilización de medios informáticos y la tramitación electrónica de los procedimientos constituya la regla general.