Buscar en el BOE

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija las nuevas cuantías mensuales de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears. La actualización se aplica a los distintos grupos y subgrupos profesionales y tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito. Declara nulas las disposiciones que habilitan al Gobierno para elaborar un estatuto del becario y un reglamento de seguridad y salud de menores trabajadores.

Establece instrucciones sobre jornada y horarios del personal de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Fija la jornada ordinaria en 35 horas semanales y amplía la flexibilidad horaria para la conciliación, incluyendo a las personas cuidadoras.

Aprueba el acuerdo por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los medios materiales y el personal que gestionan la protección por desempleo. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el acuerdo de la Comisión Mixta.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal la subida del 2,5 % de 2025. El aumento tiene efectos desde el 1 de enero de 2025 y se abona en la nómina de diciembre, con los atrasos del año. Indica cómo se solicitan los atrasos según la situación de cada empleado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2025, que amplía el permiso de nacimiento y cuidado. La norma modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de la Seguridad Social para completar la transposición de una directiva europea sobre conciliación familiar y laboral.

Declara asimilado a funcionarios al personal laboral de misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas en países de la UE, del Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido, contratado desde el 1 de mayo de 2010. La asimilación sirve solo para determinar qué legislación de seguridad social se aplica a este personal.

Establece las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal un aumento adicional del 0,5 por ciento en sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2024. El pago se hará en la nómina de julio de 2025, junto con los atrasos correspondientes.

El Consejo de Ministros aprueba subir un 0,5 % adicional las retribuciones del personal del sector público, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Esta subida se aplica porque la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 superó el aumento fijo acumulado de esos años.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Toledo sobre un apartado de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.1.18.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regulan procesos de estabilización de empleo temporal en las administraciones públicas. La inadmisión se debe a que el órgano judicial no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del caso por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. Se cuestiona por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula mejoras voluntarias de la Seguridad Social para el personal de la Junta. Se cuestiona si ese inciso vulnera el artículo 14 de la Constitución, sobre igualdad.