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Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Regula el uso y el aprendizaje del catalán y el castellano en la enseñanza no universitaria en Cataluña. Establece que los centros educativos deben garantizar el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Incluye una disposición sobre el aranés en Arán.

Modifica la Ley de universidades de Cataluña para fijar precios públicos de matrícula con tarifación social y criterios de equidad en el acceso. Añade un artículo nuevo y cambia los artículos 4, 41 y 117 de la Ley 1/2003.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Modifica la Ley del patrimonio cultural catalán para proteger los establecimientos emblemáticos. Obliga a los titulares de bienes culturales a avisar con seis meses de antelación cualquier cambio de uso o fin de actividad, y exige autorización administrativa para cambiar el uso de bienes culturales de interés local.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Modifica la Ley 2/2009 del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Reduce de nueve a seis años el mandato de sus miembros y cambia el ritmo de renovación: por mitades cada tres años los designados por el Parlamento y uno a uno cada dos años los designados por el Gobierno. Añade reglas transitorias para aplicar estos cambios.

Modifica la Ley del Síndic de Greuges para que su mandato dure seis años en lugar de nueve. El síndico o síndica no puede ser reelegido.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.

Modifica el artículo 4 de la Ley 10/2014, que regula las consultas populares no referendarias en Cataluña. Permite al presidente de la Generalitat y al Gobierno promover y convocar consultas que afecten a más de un municipio, comarca o veguería.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña para cubrir las reclamaciones que se presenten contra empleados públicos, altos cargos y miembros del Gobierno por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Regula su finalidad, dotación mínima, gestión, riesgos cubiertos y condiciones para solicitar la cobertura.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la instalación de equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica y de sistemas de energías renovables en edificios en régimen de propiedad horizontal. También cambia el Decreto-ley 10/2020 sobre medidas para personas jurídicas de derecho privado.

Establece medidas extraordinarias para las juntas de propietarios de comunidades en régimen de propiedad horizontal ante el impacto de la COVID-19. Regula la suspensión de la obligación de convocar y celebrar juntas, la prórroga del presupuesto anual y la adopción de acuerdos sin reunión.

Aprueba los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022. Regula los ingresos y gastos, las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de endeudamiento, las normas tributarias y la participación de los entes locales en los ingresos.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la violencia vicaria en las relaciones entre padres e hijos. Cambia los artículos sobre guarda, estancias y relaciones personales cuando hay indicios de violencia machista o familiar. Incluye una disposición sobre expedientes en trámite y su entrada en vigor.

Modifica normas catalanas para acelerar el despliegue de energías renovables distribuidas y participadas. Regula el autoconsumo eléctrico, crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables y ajusta el Decreto-ley 16/2019 y la Ley 16/2017 del cambio climático.