Buscar en el BOE

Suprime el Consulado General de España en Génova (Italia). Sus funciones y demarcaciones pasan a los Consulados Generales de España en Roma y Milán. La norma no aumenta el gasto público.

Suprime el Consulado General de España en Cartagena de Indias (Colombia). Su demarcación pasa a depender del Consulado General en Bogotá.

Suprime el Consulado General de España en Alejandría (Egipto). Su demarcación pasa a la Sección Consular de la Embajada de España en El Cairo. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Aprueba y publica un acuerdo que modifica el de 30 de mayo de 2017 sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación en la Administración General del Estado. Fija la composición de las mesas de negociación, el número de delegados sindicales y los recursos y garantías de las organizaciones sindicales.

Publica un acuerdo que aprueba el procedimiento para sancionar al personal laboral de la Administración General del Estado que trabaja en el exterior. Sustituye un procedimiento anterior anulado por un tribunal y fija cómo se tramitan las faltas graves y muy graves.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los bienes adscritos a las funciones y servicios sobre conservación de la naturaleza que el Estado traspasó a la Comunitat Valenciana en 1984.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales (bienes y recursos) adscritos a los servicios que el Estado traspasó a la Comunitat Valenciana en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de edificación y vivienda.

Aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. El plan fija objetivos y 68 medidas de aplicación común en seis ejes de actuación.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. La ampliación responde a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Declara la liquidación y extinción del Fondo Estatal de Inversión Local, un fondo sin personalidad jurídica creado en 2008 para financiar obras municipales. El fondo ya no tiene ayudas pendientes de conceder, deudas ni derechos de crédito, y había cumplido su finalidad.

Crea una Magistratura de enlace en Bruselas ante las autoridades de Bélgica, también acreditada en Países Bajos y Luxemburgo, y suprime la Magistratura de enlace en Italia. La nueva oficina depende del Ministerio de Justicia y no aumenta el gasto público.

Fija el calendario de días inhábiles de 2021 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Indica qué días son inhábiles en todo el territorio nacional y cuáles en cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Modifica dos reales decretos sobre la organización del Ministerio de Sanidad. Permite que la persona que dirija la Dirección General de Ordenación Profesional no tenga que ser funcionaria. También asigna funciones a la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud.

Aprueba la oferta de empleo público para 2020 en la Administración General del Estado, sus organismos públicos y otros entes estatales. Fija cuántas plazas se ofertan y con qué criterios se cubren, incluida la promoción interna y el acceso de personas con discapacidad.

Amplía la aplicación de las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 a situaciones catastróficas ocurridas hasta el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas subvencionan hasta el 50 % del coste de proyectos de reparación de infraestructuras y servicios municipales.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia inversiones en la provincia de Teruel que generen actividad económica, renta y empleo. No se convoca concurso público porque se considera una situación singular.

Declara que las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 se aplican a varias situaciones catastróficas ocurridas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas son subvenciones para que las entidades locales reparen infraestructuras y servicios dañados.