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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Consejo General del Poder Judicial aprueba un nuevo reglamento que sustituye al de 2010 y regula cómo se cubren las plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales. Fija los méritos que se valoran, el procedimiento de convocatoria y solicitud, y la propuesta de nombramiento ante el Pleno.

Revisa las cuantías del anexo del Reglamento 1/2008 sobre indemnizaciones por participar en tribunales de oposiciones y otros procesos de selección de la Carrera Judicial. Fija nuevos importes por asistencia para presidencia y secretaría, vocalías y personal colaborador.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 656/2024 y anula las plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias: 73 de acceso libre y 45 de promoción interna. La sentencia se publica en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La duda es si esa disposición vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con los artículos 23.2 y 103.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas económicas para preparar oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. Añade una nueva modalidad de beca que combina una cantidad de dinero con servicios de preparación impartidos por personal docente seleccionado y remunerado.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regulan procesos de estabilización de empleo temporal en las administraciones públicas. La inadmisión se debe a que el órgano judicial no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del caso por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos reservados a funcionarios con habilitación. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos reservados a funcionarios con habilitación. Se cuestiona si esos apartados vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Foral 19/2022 de Navarra, que regula procesos de estabilización de empleo público temporal. La plantea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022 de Navarra, que regula la reducción de la temporalidad en puestos de funcionarios con habilitación. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la ejecución de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. La suspensión afecta a 73 plazas de acceso libre y 45 plazas de promoción interna del Subgrupo A2. La medida se adopta mientras se resuelve el recurso contra el Real Decreto 656/2024.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 625/2023, que aprobaba la oferta de empleo público de 2023, y anula su anexo II. El motivo es que ese anexo no respeta los porcentajes de reparto de plazas entre acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.