Buscar en el BOE

Separa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo en dos tipos de juzgados: unos para asuntos civiles y otros para asuntos penales. Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y ajusta las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Reconoce como tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Para ello modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Crea 56 nuevas unidades judiciales para 2021 y cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial en Cataluña. Modifica la planta judicial y la composición de secciones y juzgados para agilizar la actividad judicial tras la crisis del COVID-19.

Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.

España acepta que Nicaragua se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entrará en vigor entre ambos países el 31 de agosto de 2021.

Modifica el Reglamento de la Ley que regula la responsabilidad penal de los menores para que el acuerdo que impone una sanción a un menor internado se notifique siempre a su abogado defensor y al Ministerio Fiscal. Además, prorroga los nombramientos de abogados fiscales sustitutos para el año judicial 2021-2022.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra, firmado en 2015. También incorpora y modifica el contenido de una adenda anterior sobre intercambio de información documental y jurisprudencial.

Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.

Establece las reglas que aplican al Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros siguen en el cargo pasado el plazo de cinco años sin que se haya nombrado a los nuevos. Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular cómo funciona el Consejo en esa situación de «en funciones».

Fija las fechas en que empiezan a funcionar nueve juzgados creados por el Real Decreto 1050/2020 dentro del plan de unidades judiciales COVID-19. Tres juzgados de lo Social lo harán el 31 de marzo de 2021 y otros seis juzgados el 30 de junio de 2021.