Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Resolución se dicta con el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones que se realicen mediante presencia telemática entre el interesado y los órganos judiciales o demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia, en base a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

I

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, recoge los aspectos necesarios para dar cumplimiento de la legislación procesal respecto en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías; si bien, tras la reforma operada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, se establece, en los artículos 4.2 f) y 6.2 d), dentro de los derechos de los ciudadanos y de los profesionales en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad judicial, el de «utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». Además, en concreto, en el caso de los profesionales, se hará «siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes procesales».

II

Asimismo, en el capítulo II del título III de la citada Ley 18/2011, en el apartado 2 del artículo 14, sobre las formas de identificación y autenticación establece que «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la presente Ley y en todo caso, con sujeción estricta a lo dispuesto por las leyes procesales, los ciudadanos y profesionales del ámbito de la Justicia podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con la Administración de Justicia (…) c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen».

Al hilo de esto, el apartado 1 del artículo 23 de la señalada ley dispone que, «en los supuestos en que para la realización de cualquier actuación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 14 de los que aquél no disponga, tal identificación o autenticación será válidamente realizada por un funcionario mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado.»

III

A la vista de lo expuesto, se debe atender, por tanto, a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que regulan, respectivamente, los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento y los sistemas de firma admitidos en las Administraciones Públicas y, que la Ley 18/2011, de 5 de julio, recoge en el ámbito de la Administración de Justicia.