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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Fija la jornada de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas al año). Establece 37,5 horas semanales para quienes tienen dedicación especial y regula cómo se aprueban los calendarios laborales y los horarios.

Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea 500 nuevas unidades judiciales para 2026 y ajusta la planta judicial. Las plazas se reparten entre Tribunales de Instancia, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. También fija agrupaciones de partidos judiciales en materia de violencia sobre la mujer.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos puntos de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.