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Modifica el Plan de actuación invernal del sistema gasista. Traslada parte de la obligación de almacenamiento de gas natural licuado de noviembre y diciembre a enero y febrero, sin cambiar el volumen total del periodo invernal.

Fija para el año de gas 2026 los cargos del sistema gasista, la retribución regulada de los almacenamientos subterráneos básicos y los cánones que se cobran por acceder a ellos. También determina el coste diferencial y la retribución por suministro de gas manufacturado en territorios insulares sin gas natural, que hoy solo ocurre en Tenerife.

Fija los precios de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de octubre de 2025. Incluye los términos fijo y variable para once tramos de consumo y los precios para gas manufacturado en territorios insulares.

Fija en 58,22 euros por MWh el precio medio de la energía para el tercer trimestre de 2025. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan grandes consumidores en los territorios no peninsulares.

Fija los valores del valor de carga perdida y del estándar de fiabilidad en el sistema eléctrico, conforme al Reglamento europeo del mercado interior de la electricidad. Estos parámetros sirven para medir si existe un problema de cobertura y para justificar un mecanismo de capacidad.

Fija los precios de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de julio de 2025, con un término fijo mensual y un término variable por kWh según el consumo anual. También fija los precios para el gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares.

Declara el fin de la emergencia de interés nacional en Extremadura y Madrid, que se había activado por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. La medida se toma tras comunicar ambas comunidades que la situación es de normalidad en los servicios públicos.

Establece que los plazos administrativos afectados por el apagón eléctrico generalizado del 28 de abril de 2025 se amplían hasta las 0:00 horas del 6 de mayo de 2025. Se aplica a todo el sector público y se basa en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015.

Permite de forma temporal que los conductores de mercancías y viajeros afectados por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025 superen algunos límites de conducción y reduzcan sus descansos. La medida se aplica a los trayectos en el territorio peninsular.

Deja sin efecto la declaración de emergencia de interés nacional por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025 en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana. La orden produce efectos desde su adopción y se comunica a las comunidades afectadas.

Reduce de forma temporal las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos que deben mantener las empresas obligadas y la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES). Estas reservas se destinarán solo al consumo nacional y se ofrecerán a precios de mercado a los operadores mayoristas.

Fija en 65,16 euros por MWh el precio medio de la energía para el segundo trimestre de 2025. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan grandes consumidores en los territorios no peninsulares.

Declara la emergencia de interés nacional en Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. El Ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones y de los recursos estatales, autonómicos y locales en esas zonas.

Amplía a Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana la declaración de emergencia de interés nacional ya aprobada por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. Estas tres comunidades habían pedido que se extendiera a su territorio.

Modifica el anexo II de una resolución anterior para incluir todos los puertos de interés general de las islas Canarias entre los puertos eximidos de aplicar ciertas obligaciones del Reglamento de la UE sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. La exención se basa en que Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea.