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Este acuerdo multilateral permite que los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III no tengan que pasar el ensayo de lixiviación que exige el ADR para su transporte. El resto de requisitos del ADR para transportar estos materiales se mantiene. El acuerdo vale hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia obras de seguridad y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada «El Lirio», en Cartagena.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, disposiciones transitorias y un anexo de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Región de Murcia. El recurso lo presentan diputados del Congreso.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña PRECAT20. Anula varios apartados del programa y rechaza la falta de competencia alegada. Impone las costas a las administraciones demandadas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una empresa contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Cataluña (PRECAT20). Anula un precepto concreto del Real Decreto 210/2018 y los objetivos ligados a él. También impone las costas a las administraciones demandadas.

El Tribunal Supremo rechaza la aclaración y complemento de su sentencia de 27 de julio de 2020 solicitada por la Abogacía del Estado. También corrige un error material en el fallo de esa sentencia, a petición de la Generalidad de Cataluña, y cambia la referencia a los apartados del PRECAT20.

El Tribunal Supremo estima el recurso de ECOVIDRIO contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Cataluña (PRECAT20). Anula el artículo 6.3.º.5.ª e) y f) del Real Decreto 210/2018 y las normas 6b-15 a 20 del programa. Impone las costas a las administraciones demandadas.

El Tribunal Supremo rechaza la falta de competencia y estima el recurso de Ecoembalaje España contra el Real Decreto 210/2018, que aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña PRECAT20. Anula de pleno derecho el artículo 6.3.º.5.ª e) y f) del Real Decreto y el objetivo 6b-15 de la Norma 14 del programa. Impone las costas a las administraciones demandadas.

El Tribunal Supremo rechaza la falta de competencia y estima el recurso de «Signus Ecovalor, S.L.» contra el Real Decreto 210/2018, que aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña «PRECAT20». Declara nulo el artículo 6, apartado tercero, parágrafo quinto, en sus apartados c) y d).

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Agrupación de Fabricantes de Cementos de Cataluña contra el Real Decreto 210/2018, que aprueba el programa de residuos de Cataluña «PRECAT20». Anula el artículo 3, párrafo 5.º, letras c) y d), y varios apartados del programa.

El Tribunal Supremo corrige un error en la parte dispositiva de su sentencia de 27 de julio de 2020. Donde decía «Declarar nulo el artículo 3», ahora dice «Declarar nulo el artículo 6, apartado 3». La corrección afecta al recurso contra el Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Cataluña (PRECAT20).

La ley regula la recuperación y protección del Mar Menor, en la Región de Murcia. Crea órganos de coordinación y asesoramiento, y fija normas sobre urbanismo, vertidos, agricultura, ganadería, pesca, puertos, turismo y minería en su entorno. Incluye un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 1619/2005, que regula la gestión de neumáticos fuera de uso. Actualiza las obligaciones de los productores de neumáticos y su responsabilidad ampliada, y adapta la norma a la normativa europea de residuos.

Regula cómo se eliminan los residuos depositándolos en vertederos. Establece qué residuos pueden admitirse, cómo se autorizan y controlan las instalaciones y qué obligaciones tienen al cerrarse. También fija objetivos para reducir el vertido y criterios de admisión.

Regula el traslado de residuos dentro de España. Establece los requisitos comunes a todos los traslados, como el contrato de tratamiento y el documento de identificación, y los específicos, como la notificación previa y la oposición al traslado. También regula la vigilancia, el control y la inspección.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Sanidad dictadas durante el estado de alarma por el COVID-19: una sobre gestión de residuos y otra sobre la flexibilización de restricciones en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Establece los criterios para decidir cuándo el papel y el cartón recuperado que se destina a fabricar nuevo papel y cartón deja de ser considerado residuo. Fija requisitos de uso, mercado, calidad y ausencia de impactos adversos, y regula la declaración de conformidad y el sistema de gestión del productor.

Permite transportar desechos médicos sólidos o clínicos de Categoría A destinados a su eliminación bajo el número ONU 3549, con reglas propias de embalaje y etiquetado. Establece cómo clasificar estos desechos y qué envases se autorizan. El acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2020.