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Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Establece que las personas que soliciten becas del Ministerio de Justicia para preparar oposiciones deben hacer todos los trámites por medios electrónicos: presentar la solicitud, aportar documentos y responder a requerimientos. Cada convocatoria indicará el medio electrónico, los sistemas de identificación y firma admitidos y cómo actuar ante fallos técnicos.

Crea la Oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Sanidad. Esta oficina ayuda a las personas interesadas a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. También digitaliza los documentos presentados en papel.

Crea la Oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Igualdad. Esta oficina atiende presencialmente a las personas que quieren presentar documentos o relacionarse con la Administración y las ayuda a usar los medios electrónicos.

Crea la Oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Consumo. Define su naturaleza, dependencia, funciones y horario de apertura, y establece que no supone aumento del gasto público.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta oficina ayuda a los ciudadanos a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. También fija sus funciones, dependencia y horario.

Establece las condiciones de uso de un sistema de firma electrónica no criptográfica vinculado al servicio AutenticA. Este sistema se ofrece como complemento a la firma electrónica avanzada con certificado cualificado para relacionarse con la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Establece qué prestaciones de la Seguridad Social puede resolver el Instituto Nacional de la Seguridad Social de forma automatizada, con sello electrónico. Fija criterios objetivos para repartir expedientes entre direcciones provinciales y determina qué dirección provincial reconoce pensiones con normas internacionales.

Establece las instrucciones y el calendario para que ciertas entidades locales soliciten financiación extraordinaria y cancelen facturas pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021. Define también los modelos de certificados de deuda y el contenido de los planes de ajuste.

Modifica el sistema de firma electrónica de clave concertada usado en la Sede Electrónica del Catastro. Elimina la restricción que impedía consultar el estado de tramitación de todos los procedimientos o de todos los inmuebles de una persona. La clave concertada sigue limitada a un tipo de actuación y a un plazo de tiempo concretos.

Regula el uso del código seguro de verificación (CSV) en Adif-Alta Velocidad para firmar documentos electrónicos generados de forma automática. El CSV permite comprobar la autenticidad e integridad de esos documentos a través de la sede electrónica.

Regula el uso del código seguro de verificación (CSV) en los documentos electrónicos de las actuaciones administrativas automatizadas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). El CSV sirve como firma electrónica y permite comprobar la autenticidad e integridad de los documentos a través de la sede electrónica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra varios artículos y una disposición adicional del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El conflicto afecta a los artículos 15.3 a), 26.2 c), 28.2, 29.4 y la disposición adicional novena de ese reglamento.

Aprueba un sistema de firma electrónica no criptográfica para los documentos y trámites de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema lo usan los sistemas de información que gestionan los fondos europeos.

El Banco de España crea dos sellos electrónicos: uno para administración electrónica y otro para licitación electrónica. Estos sellos identifican y autentican actuaciones administrativas automatizadas de la institución.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.