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Concede un crédito extraordinario de 23.192.552 euros en 2020 para cubrir gastos derivados de la crisis del COVID-19 en Navarra. El dinero se reparte entre pagos por obligaciones afianzadas, compra de acciones del sector público, gastos financieros, transferencias a SODENA y la Renta Garantizada. Se financia con mayores ingresos previstos en el remanente de tesorería.

Modifica la Orden SND/234/2020 sobre medidas de contención e información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Suprime el apartado séptimo y cambia el anexo I, que fija qué datos epidemiológicos, de capacidad asistencial y de recursos materiales deben enviar las comunidades autónomas y los centros hospitalarios.

Establece cómo se mantiene el pago del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural a los mutualistas de MUFACE durante el estado de alarma. Regula la comunicación de los órganos de personal a MUFACE y la declaración responsable del mutualista cuando no pueda obtener el parte médico.

Aprueba un segundo paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del COVID-19. Regula la contratación pública, las subvenciones sociales, la vivienda protegida y aspectos fiscales, y permite disponer de centros sanitarios privados y de mutuas.

Modifica la Orden SND/232/2020 para posponer las evaluaciones anuales y finales de todos los residentes sanitarios, sea cual sea su especialidad y año de formación. También permite que médicos forenses y profesionales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses presten apoyo sanitario a las comunidades autónomas.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Determina qué centros, servicios y establecimientos sanitarios se consideran esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19 y cuáles no, y regula el permiso retribuido de su personal. Los esenciales deben mantener su actividad.

Declara servicio esencial el alojamiento turístico para dar cobijo y comida a trabajadores que realizan labores esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19. También permite alojar en casos excepcionales y que otros alojamientos presten el servicio.

Aclara que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas pueden habilitar espacios para uso sanitario en hoteles, alojamientos turísticos, campings y otros locales similares, incluidos los Paradores, aunque estén cerrados al público por la suspensión de apertura. Estos espacios pueden usarse para consulta u hospitalización.

Establece medidas organizativas en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis del COVID-19. Clasifica a los residentes según síntomas y contacto, regula el aislamiento, la asignación del personal y la limpieza de las zonas de riesgo.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.

La Instrucción establece que el Ministerio de Defensa apoye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma por el COVID-19. El apoyo se centra en la protección de las personas sin hogar y de los asentamientos chabolistas, siguiendo las órdenes e instrucciones de ese Ministerio.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

La ley aprueba medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha vinculadas a los presupuestos de 2020. Modifica la Ley 22/2002 del Instituto de la Mujer y la Ley 8/2013 de medidas tributarias, y regula aspectos de personal y organización de la Administración regional.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.