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Fija la jornada de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas al año). Establece 37,5 horas semanales para quienes tienen dedicación especial y regula cómo se aprueban los calendarios laborales y los horarios.

Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales. El real decreto fija la efectividad del traspaso y valora sus cargas financieras.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Fija el importe económico de las actuaciones de los profesionales de la Abogacía y la Procura en el servicio de asistencia jurídica gratuita, según el Anexo II del Reglamento aprobado por Real Decreto 141/2021. Estos importes se aplican en años sucesivos en función de las dotaciones presupuestarias.

Modifica las instrucciones de jornada y horarios de la Administración de Justicia para que los funcionarios que hayan hecho una guardia ordinaria puedan descansar el mismo día en que termina o en los tres días laborables siguientes, en los mismos supuestos que los Letrados de la Administración de Justicia.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

España notifica al Consejo de Europa que la Fiscalía Europea se considera autoridad judicial en el marco del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal y sus dos Protocolos Adicionales. La declaración fija cómo se interpretan las solicitudes de asistencia judicial que emite o recibe la Fiscalía Europea.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

España acepta la adhesión de Malta al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil. Con esta aceptación, el convenio se aplica entre España y Malta.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Modifica la norma que creó la Oficina de la Fiscalía Europea en España para añadir un servicio de guardia semanal. Este servicio lo harán, de forma rotatoria, funcionarios de los cuerpos de gestión procesal y administrativa o de tramitación procesal y administrativa de esa Oficina.

Eleva a categoría de Magistrado o Magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar (Almería) y Sagunto (Valencia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Eleva a categoría de magistrado o magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario (Las Palmas), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.