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Designa el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna como aeropuerto coordinado y lo añade al anexo I del Real Decreto 20/2014. Las compañías aéreas deberán tener una franja horaria asignada por un coordinador para aterrizar o despegar.

Designa el Aeropuerto de Córdoba como aeropuerto con horarios facilitados y lo añade al anexo I del Real Decreto 20/2014. Esto permite aplicar en él procesos de facilitación de franjas horarias mediante cooperación voluntaria entre compañías aéreas.

Publica las Instrucciones Técnicas de la OACI (edición 2025-2026) para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea, aplicables desde el 1 de enero de 2025. Estas instrucciones se incorporan al ordenamiento de la Unión Europea a través del Reglamento (UE) n.º 965/2012.

Modifica las bases reguladoras del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, dentro del Plan de Recuperación. Adapta el texto a cambios normativos y de estructura ministerial, corrige errores y ajusta qué órganos tramitan y resuelven las ayudas.

Actualiza la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, que recoge la organización, métodos y procedimientos para proteger a pasajeros, tripulaciones, aeropuertos y aeronaves frente a actos de interferencia ilícita. La actualización entra en vigor el 1 de febrero de 2024.

Publica las Instrucciones Técnicas de la OACI (edición 2023-2024) para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea, aplicables desde el 1 de enero de 2023. Estas instrucciones ya eran obligatorias por la normativa europea y ahora se difunden para dar seguridad jurídica.

Actualiza la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, que recoge la organización, métodos y procedimientos para proteger a pasajeros, tripulaciones, personal de tierra, aeronaves e instalaciones aeroportuarias frente a actos de interferencia ilícita. La actualización se publica como anexo y entra en vigor el 1 de septiembre de 2022.

Fija los requisitos mínimos que debe cumplir el personal instructor y evaluador de los programas de instrucción en mercancías peligrosas por vía aérea que soliciten aprobación, excepto los operadores aéreos. Exige competencia pedagógica, conocimientos actualizados y experiencia profesional, y regula cómo mantener la competencia.

Modifica las bases del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital para permitir mover crédito no solo entre medidas de una misma línea de actuación, sino también entre líneas de actuación distintas del programa. El objetivo es reasignar remanentes a las líneas con más demanda.

Aprueba las bases reguladoras y la primera convocatoria de 2022 de un programa de subvenciones para proyectos de transporte sostenible y digital, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las ayudas se conceden en concurrencia competitiva.

Actualiza la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Esta parte recoge las medidas de seguridad aérea que afectan directamente a los pasajeros y las que aplican normas europeas no clasificadas. La actualización cambia el apartado sobre cómo puede defenderse una persona que no supera la comprobación de antecedentes.

El Consejo de Ministros aprueba el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026, que se aplica desde el 1 de enero de 2022. Este documento fija las condiciones mínimas de las infraestructuras y servicios de la red de aeropuertos de Aena, las inversiones previstas y la senda de tarifas del quinquenio. También se pide a Aena que apruebe las tarifas aeroportuarias conforme a este documento.

Actualiza la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, que recoge la organización, métodos y procedimientos para proteger a pasajeros, tripulaciones, personal de tierra, aeronaves e instalaciones aeroportuarias frente a actos de interferencia ilícita. La actualización entra en vigor el 15 de agosto de 2021.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea decide seguir tramitando ciertos procedimientos administrativos durante el estado de alarma por el COVID-19. Los considera indispensables para proteger el interés general o para el funcionamiento básico de sus servicios.