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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra un apartado del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modifica la Ley de Salud Pública y el régimen sancionador frente a la COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Establece cómo deben enviar información las entidades del sector público estatal, autonómico y local para seguir el cumplimiento de hitos, objetivos y la ejecución presupuestaria y contable de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija el contenido, el procedimiento, el formato y las fechas de referencia de esos envíos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 74.2 de la Ley de autonomía local de Andalucía, que atribuye al órgano de representación municipal la aprobación de algo. El Tribunal Supremo plantea la duda por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley Foral 16/2019 de Navarra, que reconoce y repara a las víctimas de actos de motivación política de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley conforme a la Constitución, en particular el deber de colaboración de los poderes públicos navarros y las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendido un punto concreto del artículo 38.2 de la Ley de salud de Galicia, en la redacción dada por la Ley 8/2021, y levanta la suspensión del resto de ese artículo. La suspensión inicial se había publicado en el BOE el 29 de abril de 2021.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021, que modificó la Ley de salud de Galicia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y se dirige al apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008 en la nueva redacción.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley Foral 16/2019, que reconoce y repara a víctimas de actos de motivación política de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia interpreta varios preceptos conforme a la Constitución, en particular sobre el deber de colaboración y las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra varios artículos de la Ley de la Región de Murcia 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. La sentencia examina si esos preceptos respetan las competencias del Estado y los derechos de propiedad y libertad de empresa al limitar la explotación agrícola en la zona.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 10 a 13 del Decreto-ley 4/2020 del Gobierno de Aragón, que regula medidas urgentes para la recuperación social y económica. Se cuestiona si esos artículos vulneran los artículos 28.1 y 86.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos varios apartados del Decreto 87/2020 del Presidente de Canarias que establecía el cierre perimetral de la comunidad. La suspensión afecta a los pasajeros que llegan de otro Estado y garantiza que no se aplique lo más restrictivo que el artículo 6 del Real Decreto 926/2020, del estado de alarma.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. El tribunal estudiará si esas disposiciones invaden competencias del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, que permite usar el bable/asturiano en las actuaciones parlamentarias. La sentencia analiza si ese precepto respeta la Constitución y el Estatuto de Autonomía en materia lingüística.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un apartado de la ley vasca de policía que creaba un turno de acceso restringido con un mínimo de ocho años de antigüedad y reserva de hasta el 60 % de las plazas. La sentencia estima el recurso y declara inconstitucional ese apartado por invadir competencias estatales sobre función pública.

Designa al Organismo Público Puertos del Estado como organismo competente para desarrollar, implantar y aplicar las inspecciones sobre los planes de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos de competencia autonómica y de las instalaciones fuera de puerto. Asigna esas funciones inspectoras a personal de Puertos del Estado.

El Tribunal Constitucional declara nulo el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 1/2018 de coordinación de policías locales de Madrid. Ese apartado impedía integrarse en un subgrupo superior a los policías locales sin titulación académica, dejándolos «a extinguir».

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias aprobada el 1 de julio de 2020. El recurso lo presentan diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, disposiciones transitorias y un anexo de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Región de Murcia. El recurso lo presentan diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2019 del País Vasco, que modifica la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta de forma conforme a la Constitución los preceptos sobre el deber de colaboración de los poderes públicos vascos y la función instructora de la comisión de valoración.