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Permite que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorice la fabricación de antisépticos para piel sana con digluconato de clorhexidina comprado a proveedores que no están en la lista de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. La sustancia debe cumplir las especificaciones de la Farmacopea Europea.

Fija precios máximos de venta al público de antisépticos de piel sana y de geles y soluciones hidroalcohólicas, en aplicación de la Orden SND/354/2020, que buscaba garantizar el acceso a productos higiénicos frente al COVID-19. Los precios se expresan por mililitro según el tamaño del envase.

Modifica los anexos II y III de la Orden APU/2245/2005 y suprime mayo como mes para pedir en papel las prestaciones dentarias y oculares de MUFACE. Esas solicitudes en papel podrán presentarse en marzo y octubre; por la sede electrónica, en cualquier momento.

Establece los supuestos para aceptar equipos de protección individual (EPI) sin el marcado CE reglamentario durante la crisis del COVID-19. Permite la compra pública de estos equipos para personal sanitario y autoriza temporalmente su comercialización si ofrecen un nivel adecuado de protección.

Fija precios máximos de venta al público de mascarillas quirúrgicas desechables y de geles y soluciones hidroalcohólicas, en aplicación de la Orden SND/354/2020. Deja para una reunión posterior el precio máximo de las mascarillas higiénicas y de los antisépticos de piel sana.

Modifica la Orden SND/234/2020 sobre medidas de contención e información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Suprime el apartado séptimo y cambia el anexo I, que fija qué datos epidemiológicos, de capacidad asistencial y de recursos materiales deben enviar las comunidades autónomas y los centros hospitalarios.

Establece los criterios para repartir una segunda entrega de mascarillas FFP2 entre empresas y trabajadores del transporte terrestre. Asigna cuatro mascarillas por vehículo, maquinista o conductor según el tipo de autorización, y prevé reservar parte para el Ministerio de Sanidad.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.

Permite transportar desechos médicos sólidos o clínicos de Categoría A destinados a su eliminación bajo el número ONU 3549, con reglas propias de embalaje y etiquetado. Establece cómo clasificar estos desechos y qué envases se autorizan. El acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2020.

Establece medidas especiales para fabricar y usar productos sanitarios necesarios frente al COVID-19. Permite licencias excepcionales de funcionamiento de instalaciones y autorizaciones para usar productos sin marcado CE. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios valora cada caso.

Establece cómo se reparten las mascarillas FFP2 compradas por el Ministerio de Transportes entre las empresas de transporte de viajeros y mercancías. Fija cuántas mascarillas corresponden a cada tipo de autorización de transporte según los vehículos adscritos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Regula una segunda compra y reparto de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las mascarillas se destinan al personal que trabaja en el transporte y la entrega de mercancías y productos. La orden fija cómo se adquieren, se entregan, se reciben y se financian.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.