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El Pleno del Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 87, 88 y 89 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/1983 de la Comunidad de Madrid, añadidos por la Ley 8/2024. Esos preceptos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

Publica la lista de zonas de mercado residencial tensionado declaradas en el segundo trimestre de 2025 en Navarra, Galicia y País Vasco. Para cada zona recoge su periodo de vigencia, la definición de gran tenedor y si se aplica el límite de precios de alquiler.

Modifica el acuerdo que fija las condiciones de las facilidades del Plan de Recuperación gestionadas por el ICO y Axis. Retira la Facilidad Next Tech de esas entidades y la asigna íntegramente a la entidad pública SETT. Mantiene en el ICO y Axis las facilidades ICO-Verde, ICO-Empresa y Emprendedores y Vivienda Social.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios para elegir inmuebles de SAREB aptos para vivienda asequible y encarga a tres ministerios tramitar su transmisión a SEPES. SEPES recibirá esos inmuebles para destinarlos a la política de vivienda asequible.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que da por ejecutados los acuerdos de 2023 para promover vivienda en alquiler asequible o social en terrenos del Ministerio de Defensa. También amplía el destino de una aportación patrimonial a SEPES para financiar el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible y la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre varios artículos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Catastro Inmobiliario. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un cliente bancario y declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a pagar las costas de apelación y casación no aplicó el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea tras declararse abusiva una cláusula del préstamo hipotecario.

Esta orden fija los plazos y el modelo para que las plataformas en línea de alquiler de corta duración envíen datos a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Los datos incluyen el número de registro, la dirección de la unidad y la actividad de alquiler por unidad.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de dos personas ejecutadas hipotecariamente y declara que la Audiencia Provincial vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al no imponer las costas al banco tras anular cláusulas abusivas del préstamo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 7/2024 de las Illes Balears, que regula medidas urgentes de simplificación administrativa. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica la Orden ECO/805/2003, que fija cómo se calcula el valor de tasación de inmuebles para fines financieros. Aclara qué autorizaciones administrativas previas a la licencia de obra sirven para obtener una tasación válida y ajusta los elementos a tener en cuenta en la valoración.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y anexos del Decreto-ley 4/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifica la Ley de la Huerta de València y su plan de ordenación territorial. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Crea la Oficina Técnica del PERTE para la Industrialización de la Vivienda, adscrita a la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Esta oficina diseña, pone en marcha, sigue y evalúa los instrumentos del proyecto para industrializar la construcción de vivienda.

Actualiza los tipos de interés anuales de préstamos cualificados o convenidos de los planes estatales de vivienda 1996-1999 (programa 1998), 2002-2005 y 2005-2008. Fija nuevos tipos tras aplicar los métodos de revisión previstos en cada plan.

Publica la lista de zonas de mercado residencial tensionado declaradas en el primer trimestre de 2025. En esta lista figuran cuatro municipios del País Vasco: Lasarte-Oria, Zumaia, Barakaldo e Irun. Para cada zona se recogen el periodo de vigencia, la definición de gran tenedor y la aplicación del límite de precios de alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana asume la competencia para firmar convenios con varias entidades locales. Estos convenios canalizan una subvención directa prevista en el Real Decreto-ley 7/2024 para municipios afectados por la DANA de octubre de 2024.

Aprueba la modificación de la delimitación de espacios y usos del puerto de Alicante. Incorpora superficies de obras nuevas, redefine usos portuarios y desafecta la playa de San Gabriel y parte de las aguas portuarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 4 de la Ley 8/2024 de la Comunidad de Madrid, que añade los artículos 87, 88 y 89 a la Ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.