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Actualiza las cuantías del complemento de destino por representación de los miembros de las carreras judicial y fiscal, para aplicar el acuerdo firmado el 23 de mayo de 2023. El incremento tiene efectos desde el 1 de enero de 2023.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Redexis Gas, SA, y anula el apartado 2 del anexo I de la Orden TED/1286/2020 en lo relativo a la retribución definitiva de 2019 por distribución de gas natural de Redexis Gas, SA y Redexis Gas Murcia, SA. Ordena a la Administración recalcular y abonar esa retribución con los importes indicados y los intereses legales.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado contra el Real Decreto 1053/2020, que modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. La sentencia confirma la validez de esa norma y no impone costas procesales.

Modifica la regulación retributiva de los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) para aplicar un incremento salarial de 195 euros mensuales, de forma progresiva entre 2021 y 2023, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos de 2021.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones transitorias de la Ley 1/2018, de coordinación de policías locales de Madrid. Declara nula la previsión que permitía promocionar internamente solo por tener una titulación académica, sin superar pruebas selectivas.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2022, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, el Consejo de Navarra, fundaciones y sociedades públicas. Fija los créditos y los ingresos previstos, y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Nedgia, S.A. y anula las cantidades que la Orden TED/1286/2020 le asignó en el Anexo I.2 por el acceso a almacenamientos subterráneos básicos de gas para 2021. Reconoce a la empresa y a su grupo el derecho a cobrar la diferencia retributiva, que se calculará y abonará al ejecutar la sentencia.

Concede un suplemento de crédito de 265.326,40 euros en 2021 para pagar los salarios del personal transferido a Navarra en materia de sanidad penitenciaria. El dinero se reparte en varias partidas de personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y se financia con cargo a la partida «Aportación al Estado».

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley de presupuestos de la Comunidad Valenciana para 2017. El precepto establecía un complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección del personal estatutario facultativo del sistema sanitario público valenciano. El tribunal declara nulo ese precepto por invadir límites materiales de las leyes de presupuestos.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Comisiones Obreras contra el apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 103/2019, que aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. El tribunal estudiará si esas disposiciones invaden competencias del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.