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El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula las mejoras voluntarias de la Seguridad Social del personal de la Junta en incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. La inadmisión se debe a que el juzgado no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

Modifica el régimen de los contratos de relevo para que el personal laboral de las Administraciones Públicas pueda acceder a la jubilación parcial anticipada. También regula indemnizaciones por residencia en Illes Balears.

Actualiza las cuantías del anexo V de la Ley 31/2022 para el sostenimiento de centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye subidas del 0,5 % desde el 1 de enero de 2024, del 2,5 % desde el 1 de enero de 2025 y del 1,5 % desde el 1 de enero de 2026.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

Modifica la Ley 9/2010 sobre el personal estatutario de las instituciones sanitarias de Cantabria. Cambia la redacción del artículo 61.2.d) y deroga la modificación que se había introducido por otra ley. Incluye una disposición transitoria para los procedimientos ya iniciados.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Fija el umbral salarial que debe cumplir el contrato de trabajo de quien solicita la autorización de residencia como profesional altamente cualificado con Tarjeta azul-UE. El umbral se calcula como 1,4 veces la ganancia media anual bruta por trabajador que publica el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023.

Fija los aumentos de retribuciones del personal del sector público de Aragón: un 2,5 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC sube al menos un 1,5 %. Incluye un suplemento de crédito y autoriza operaciones de endeudamiento para financiarlo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal la subida del 2,5 % de 2025. El aumento tiene efectos desde el 1 de enero de 2025 y se abona en la nómina de diciembre, con los atrasos del año. Indica cómo se solicitan los atrasos según la situación de cada empleado.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Universidad Rey Juan Carlos y anula el inciso final «ni el complemento de productividad» del artículo 5.2 del Real Decreto 1086/1989, sobre retribuciones del profesorado universitario. Ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado.