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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Modifica el Real Decreto 171/2008 para adaptar la zona de promoción económica de Castilla y León a la revisión intermedia del Mapa de ayudas regionales de España. El cambio aumenta los porcentajes máximos de ayudas regionales que se pueden conceder en la provincia de Ávila entre 2024 y 2027.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

La Ley aprueba los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2024. Fija los créditos iniciales, su financiación y las normas para gestionar el gasto público autonómico.

La ley establece una bonificación sobre la cuota de la tasa por la prestación de servicios veterinarios en Castilla y León. La medida se dirige al sector ganadero, afectado por el aumento de costes de alimentación animal y la sequía.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

Aprueba los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023: fija los créditos iniciales y su financiación, regula la gestión del gasto, las modificaciones de crédito, el gasto de personal, la cooperación con entidades locales, el endeudamiento y las tasas e ingresos.

La ley establece rebajas de impuestos en Castilla y León. Modifica los tributos propios y cedidos y la ley de tasas y precios públicos. Incluye medidas fiscales para el medio rural y para sectores como transportes y servicios veterinarios.

Modifica el real decreto que delimita la zona de promoción económica de Castilla y León para adaptarlo a las nuevas directrices europeas de ayudas regionales y al nuevo mapa de ayudas de España. Con ello se ajusta la vigencia y las condiciones para solicitar estas ayudas.

Modifica la normativa de tributos propios y cedidos de Castilla y León para ampliar las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Añade dos artículos nuevos y cambia el artículo 22 del texto refundido. El objetivo es reducir el coste fiscal de las herencias y donaciones entre cónyuges, descendientes y ascendientes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021: fija los créditos iniciales y su financiación, regula la gestión y modificación de gastos, las retribuciones del personal autonómico, la cooperación con entidades locales, las operaciones financieras y las tasas e ingresos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de una ley de Castilla y León que creó un impuesto autonómico sobre el riesgo ambiental de las centrales nucleares. La sentencia declara nulo ese precepto porque coincide con el impuesto estatal sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

Modifica la Ley de Hacienda de Castilla y León para añadir un nuevo supuesto en el que el remanente de tesorería puede destinarse a financiar gastos del ejercicio. Se aplica cuando hay una emergencia de salud pública declarada que provoque un aumento imprevisto y súbito del gasto público.