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Actualiza los Estatutos de la Universidad de Valladolid para adaptarlos a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. Regula la naturaleza, fines, estructura, órganos de gobierno, actividad docente e investigadora, comunidad universitaria y régimen económico de la universidad.

Establece medidas para cubrir de forma estable los puestos sanitarios de difícil cobertura en el Servicio de Salud de Castilla y León. Define criterios y procedimientos para declarar esos puestos, regula un acceso extraordinario y fija incentivos para los profesionales que los ocupen. También prevé medidas para garantizar la continuidad de la asistencia.

Disuelve las Cortes de Castilla y León y convoca elecciones autonómicas para el domingo 15 de marzo de 2026. Fija la campaña electoral del 27 de febrero al 13 de marzo y la sesión constitutiva de las nuevas Cortes el 14 de abril de 2026.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Modifica la Ley 4/2009 de publicidad institucional de Castilla y León para reforzar la utilidad pública, la transparencia y la lealtad institucional en las campañas de publicidad y comunicación de la Administración. Actualiza los principios y el régimen de estas campañas.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere a la Comunidad de Castilla y León la superficie de un inmueble para ampliar los medios patrimoniales adscritos a las carreteras traspasadas en 1984. Con ello se liquida parte de la deuda de superficie reconocida a favor de la comunidad.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta Estado-Comunidad de Castilla y León para ampliar los medios patrimoniales (bienes) adscritos a los servicios de empleo y formación que se traspasaron a esa comunidad en 2001. El real decreto fija la efectividad de esa ampliación y su entrada en vigor.

Actualiza la lista de territorios considerados zona restringida frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul. La nueva zona incluye varias provincias y comarcas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.

Actualiza la lista de territorios considerados zona restringida frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul. La zona incluye ahora provincias y comarcas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Actualiza la zona restringida por el serotipo 3 del virus de la lengua azul. La zona incluye ahora varias provincias de Andalucía, toda Extremadura, comarcas de Ávila y Salamanca, Toledo, Ciudad Real y comarcas de Madrid.

Actualiza la lista de territorios considerados zona restringida frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul. La zona incluye ahora provincias y comarcas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.

Modifica el Real Decreto 171/2008 para adaptar la zona de promoción económica de Castilla y León a la revisión intermedia del Mapa de ayudas regionales de España. El cambio aumenta los porcentajes máximos de ayudas regionales que se pueden conceder en la provincia de Ávila entre 2024 y 2027.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Modifica el anexo de la Orden APA/1043/2024 y amplía la zona restringida frente al serotipo 3 del virus de la lengua azul. Añade toda Extremadura y cuatro comarcas más de Sevilla a los territorios ya incluidos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.

La ley establece garantías para que la Comunidad de Castilla y León preste los servicios autonómicos esenciales en todo su territorio. Incluye garantías específicas para los servicios sanitarios, educativos y sociales en el ámbito rural.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.