Ley 2/2023, de 9 de noviembre, de bonificaciones fiscales de tasas veterinarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Castilla y León tiene por tradición y realidad social una marcada vocación agrícola y ganadera, y en su medio rural se asientan la gran mayoría de las actividades económicas del sector primario, que constituyen por ello un importante soporte para el desarrollo rural.

Dentro de las actividades económicas antes referidas, la ganadería ocupa un espacio fundamental, siendo una actividad que contribuye a fijar la población en los pequeños núcleos.

El peso tan relevante que tiene la ganadería en Castilla y León se traduce en que, de la media de la producción de la rama agraria en Castilla y León en los últimos 5 años, que ha ascendido a 6.612 millones de euros, la aportación de la ganadería es de 3.126 millones de euros, representando un promedio del 50 % de la misma, 13 puntos por encima de lo que supone de media en España, que es del 37 %.

Sin embargo, desde mediados del año 2020, se viene registrando un incremento en los precios de las materias primas en los mercados internacionales y una notable inflación que repercute sobre los costes que deben soportar las explotaciones ganaderas.

Uno de los principales costes de producción lo representa el coste de la alimentación animal, llegando, en algunos casos y especialmente en el caso de las producciones más intensivas, a ocupar el 70 % del total de costes de producción.

Estos incrementos tan significativos en los costes de alimentación ponen en riesgo la viabilidad de las producciones ganaderas, que ya vienen arrastrando dificultades añadidas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que supuso amplias restricciones de movimiento de los productos agroalimentarios, así como el cierre obligatorio de establecimientos comerciales, mercados, restaurantes y otros establecimientos hoteleros, ocasionando una interrupción económica para determinadas actividades ganaderas, lo que generó importantes problemas de liquidez y flujo de caja para los productores. A esta situación hay que añadir, como se ha citado anteriormente, la situación de crisis de precios de las materias primas.

A tales dificultades en la situación económica general, se añade el problema de la sequía de este año. Mediante el Acuerdo 50/2023, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, se declaró en Castilla y León la campaña agrícola 2022-2023 como excepcional, debido a los efectos producidos por los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos, y se declaró la urgencia en la adopción de las medidas de apoyo al sector agropecuario.