Real Decreto 996/2024, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León.
Ministerio de Hacienda · 30 de octubre de 2024
En pocas palabras
Modifica el Real Decreto 171/2008 para adaptar la zona de promoción económica de Castilla y León a la revisión intermedia del Mapa de ayudas regionales de España. El cambio aumenta los porcentajes máximos de ayudas regionales que se pueden conceder en la provincia de Ávila entre 2024 y 2027.
Qué cambia
Las empresas que soliciten incentivos regionales en la provincia de Ávila podrán recibir un porcentaje mayor de ayuda. La disposición transitoria fija qué ocurre con las solicitudes ya en tramitación.
- A quién afecta
- empresas que solicitan incentivos regionales en Castilla y León · empresas de la provincia de Ávila · solicitantes con expedientes en tramitación
- Cifras
- período de aplicación del incremento: del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027
- diferencial máximo de ayudas entre zona c) y zona a) adyacentes: 15 puntos
- Economía, empresas y consumo
- Impuestos y cuentas públicas
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3.2, 4 y 5 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
Dicho real decreto fue modificado por el Real Decreto 625/2022, de 26 de julio, para adaptar su contenido a las Directrices de la Comisión Europea sobre las ayudas estatales de finalidad regional (2021/C 153/01) y al Mapa de ayudas regionales de España para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027 (SA.100859).
Por Decisión de la Comisión Europea de 13 de diciembre de 2023 (SA.109336), en aplicación del apartado 194 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, se ha aprobado la revisión intermedia del Mapa de ayudas regionales de España (1 de enero de 2022-31 de diciembre de 2027). Esta modificación supone un incremento de los porcentajes máximos de las ayudas regionales que se podrán conceder en la provincia de Ávila de la Comunidad de Castilla y León durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027, como consecuencia del incremento de la intensidad de ayuda de la zona a) de Extremadura, para que no exista un diferencial de ayudas de más de 15 puntos entre una zona c) y una zona a) adyacentes.
Ello hace necesario modificar este real decreto para adaptarlo a la revisión intermedia del Mapa de ayudas regionales de España.
Con esta finalidad, el real decreto se compone de un artículo único que modifica el Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León, con el único fin de incrementar los porcentajes máximos de las ayudas regionales que se podrán conceder en la provincia de Ávila de la Comunidad de Castilla y León.
También componen este real decreto una disposición transitoria, relativa a las solicitudes en tramitación, y una disposición final, relativa a su entrada en vigor.
El presente real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma queda plenamente justificada por razones de interés general para adaptar el contenido del Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero, a lo dispuesto en la revisión intermedia del Mapa de ayudas regionales de España con el fin de aumentar la intensidad de ayuda en la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, pues no implica restricciones de derechos ni impone nuevas obligaciones a los solicitantes de los incentivos regionales.