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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos apartados del artículo 3 del Real Decreto-ley 3/2016, en materia tributaria. La duda es si esos apartados vulneran los artículos 86.1 y 31.1 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del caso.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Esa disposición modificaba la Ley reguladora de la jurisdicción social. El tribunal declara nulo ese precepto por incluir una materia ajena a la ley de presupuestos.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley del sector eléctrico canario. Declara nulo en parte ese precepto porque ampliaba el hecho imponible del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras al equiparar autorizaciones administrativas distintas.

El Tribunal Constitucional desestima la duda sobre el artículo 203.6 b) 1 de la Ley General Tributaria, que tipifica la infracción de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria cometida por personas o entidades que desarrollen actividades económicas. Declara que el precepto es conforme con los principios de legalidad (culpabilidad) y de interdicción de la arbitrariedad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo primero, apartado veintiuno, de la Ley 26/2014, que modificó normas del IRPF y del IRPF de no residentes. La duda es si ese precepto vulnera el artículo 31.1 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Un tribunal de Madrid pregunta si esa disposición vulnera varios artículos de la Constitución. El Pleno del Tribunal se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso de la ley canaria que exigía tener el domicilio social en Canarias para aplicar una deducción en el impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito. El tribunal considera que ese requisito vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

El Tribunal Constitucional declara nulos los preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales que obligan a calcular la base del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos con un sistema objetivo de aplicación imperativa. El tribunal considera que ese método puede vulnerar el principio de capacidad contributiva y la prohibición de confiscatoriedad.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 2 a 5 de la disposición adicional trigésima de la Ley de educación de Cataluña, que fijan la financiación de las guarderías municipales. La sentencia se apoya en la doctrina de la STC 159/2021 sobre esa misma financiación.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, que fija la financiación de las guarderías municipales. La sentencia analiza si esa norma respeta la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre un inciso de la Ley 4/2012 de Canarias, que se refiere al domicilio social de las entidades de crédito. Las partes en el recurso de amparo relacionado pueden personarse en el plazo de quince días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 203.6.b) 1.º de la Ley General Tributaria, por posible vulneración de varios artículos de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, en la redacción dada por la Ley 5/2020. La cuestión la plantea la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la asigna a la Sala Primera.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley de presupuestos de la Comunidad Valenciana para 2017. El precepto establecía un complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección del personal estatutario facultativo del sistema sanitario público valenciano. El tribunal declara nulo ese precepto por invadir límites materiales de las leyes de presupuestos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, redactados por la Ley 5/2020. Se cuestiona si vulneran varios artículos de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, planteadas por un tribunal andaluz. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, que añadió una disposición adicional a la Ley del impuesto sobre sociedades sobre pagos fraccionados. La cuestión queda sin objeto porque ese precepto ya fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 78/2020.

El Tribunal Constitucional rechaza aclarar su sentencia 78/2020, que resolvió una cuestión de inconstitucionalidad sobre una medida tributaria del Real Decreto-ley 2/2016 relativa a los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. El tribunal considera que la aclaración pedida excede el trámite y que la frase cuestionada no es oscura.

El Tribunal Constitucional declara nulo el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, que añadió una disposición adicional a la Ley del impuesto sobre sociedades para modificar el régimen de pagos fraccionados. El tribunal considera que esa norma afectaba a elementos esenciales del deber de contribuir y no podía regularse mediante decreto-ley.