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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula las mejoras voluntarias de la Seguridad Social del personal de la Junta en incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. La inadmisión se debe a que el juzgado no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos puntos de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional tercera del Decreto-ley 1/2022 de la Comunitat Valenciana, que aprobó medidas urgentes ante la emergencia energética y económica por la guerra en Ucrania. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 47 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, por posible contradicción con el artículo 149.1.6.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 47 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Cádiz pregunta si ese artículo choca con la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil recogida en la Constitución.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que fijaba un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados para sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el último inciso del artículo 101 del Código Civil, por posible contradicción con los artículos 10.1 y 14 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que limita un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados a las sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La sentencia declara nulo ese precepto por vulnerar la igualdad en materia tributaria.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del «valor de referencia» del catastro para calcular la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Examina si ese sistema respeta el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, planteada por un tribunal de Valencia de Alcántara. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 c) del Decreto-ley 11/2020 de las Illes Balears, que creó un régimen sancionador para incumplir las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el método de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades para empresas con cifra de negocios superior a diez millones de euros. La duda era si ese método vulnera el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos que delimitan el ámbito objetivo de la ley ha perdido su objeto y se remite a su doctrina anterior sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. Declara que la impugnación de los preceptos que delimitan el ámbito de aplicación de la ley ha perdido objeto y que la amnistía es constitucional, conforme a su doctrina anterior.